Una docena de escuelas en Cataluña tienen la orden de seguir impartiendo el 25 % de las clases en castellano

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha desestimado este año una docena de recursos de casación presentados por la Generalitat contra sentencias del mismo tribunal que obligaban a dar un 25% de clases en castellano en algunas aulas concretas, para satisfacer el derecho individual de las familias que quieren que sus hijos reciban una enseñanza "efectiva y equilibrada en lengua castellana". En la práctica la decisión del tribunal nada cambia sino que consolida el día a día en estos centros concretos.

Según el último recuento realizado por el departamento de Educación, a principios de este año, ahora mismo en Cataluña hay 23 escuelas donde, a petición de 31 familias concretas que han ganado su reclamación a los tribunales, los alumnos de algunas aulas deben realizar en castellano una asignatura troncal, aparte de la propia de lengua y literatura castellana. La Generalitat alegaba en sus recursos que las sentencias que se estaban aplicando en 12 de estos casos, obviaban la nueva normativa de 2022 -la Ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria, el Decreto Ley que fija los criterios de los proyectos lingüísticos de los centros y prohíbe los porcentajes de lenguas y un decreto de ordenación de las enseñanzas troncales-.

Y por eso, la Generalitat pedía al tribunal una unificación de los criterios judiciales de la sala contencioso-administrativa del TSJC. Sin embargo, la sala de casación considera que el recurso no fundamenta "de forma suficiente" esta petición y desestima los recursos del Gobierno.

Estos casos concretos forman parte de lo que podríamos calificar de "guerra de trincheras", que mantienen viva la disputa entre partidarios y detractores de la inmersión a la espera del pronunciamiento que debe hacer el Tribunal Constitucional sobre las dos normativas que el gobierno y el parlamento aprobaron en el año 2022 para esquivar la sentencia del catalán 25% de las clases sean en español para todos los alumnos. Estas dos normas son el Decreto Ley 6/2022 aprobado por el ejecutivo entonces presidido por Pere Aragonès, que fija los criterios para elaborar, aprobar y validar los proyectos lingüísticos de los centros educativos, que prohíbe expresamente los porcentajes de uso de una lengua u otra y que sitúa al departamento de Educación como responsable último de los proyectos2 de 9 de junio sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria, pactada por Esquerra, Junts, PSC y Comuns, que establece que el catalán es la lengua "normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje" y que el castellano debe tener un uso "curricular" que garantice "que todo el alumnado alcance el dominio oral y escrito".