Los incumplimientos de la Generalitat al PSC con los Presupuestos

Cumplidos cinco meses de la aprobación de los Presupuestos y cuando quedan cuatro para que termine el año, el Govern de Pere Aragonès ha hecho oídos sordos a las peticiones del PSC en los Presupuestos y se ha saltado algunas de sus reclamaciones, entre ellas dos de los macroproyectos –Hard Rock y la ampliación del aeropuerto de El Prat– y la revisión de la acción exterior de la Generalitat y su red de «embajadas».

Sobre las grandes infraestructuras que los socialistas reivindicaban, la polémica ha estallado esta semana por el complejo de ocio del Hard Rock en Salou. El consejero de Salud, Manel Balcells, dijo abiertamente que confía en que el complejo lúdico del Tarragonès acabe en nada y que «los promotores retrocedan», y se opuso «a todo aquello que fomenta el juego y el riesgo para los ludópatas y que va contra la salud pública y del modelo que quiere fomentar» su departamento. Unas palabras que evidenciaron los recelos que provoca el proyecto en el seno del Ejecutivo.

De hecho, el alcalde de Salou, Pere Granados, reprochó a Balcells sus palabras y le advirtió de que el Govern estaba incumpliendo los compromisos con el PSC rubricados en las cuentas. Una tormenta política que trató de amainar el propio Ejecutivo, con el delegado en Tarragona saliendo al paso y asegurando que el plan director para impulsar el proyecto se aprobará «dentro de este año», sin querer abundar más ni concretar los nuevos plazos. En principio, el acuerdo entre el PSC y el Govern preveía aprobarlo en el primer semestre de 2023, un compromiso que ya se ha incumplido.

Tampoco se ha avanzado en la ampliación del aeropuerto de El Prat, una de las asignaturas pendientes incluida en los Presupuestos de este 2023. La obra provocó fuertes tensiones internas en el seno del Govern y también dentro de ERC hasta el punto de que el partido rechaza la tercera pista que reclaman los socialistas. Sea como fuere, lo cierto es aún no se ha puesto en marcha la comisión técnica que debe encargarse de la propuesta definitiva para ampliar la infraestructura protegiendo el entorno natural.

Sí se ha impulsado –aunque no se haya culminado– el proyecto para la construcción de la B-40 o Cuarto Cinturón entre Sabadell, Terrassa y Castellar del Vallès, y otros compromisos en infraestructuras por valor de 914 millones. A las puertas de las elecciones del pasado 23J, Govern y Gobierno firmaron los protocolos –compromisos políticos– y no los convenios –el trámite administrativo necesario–, por lo que la obra depende de lo que ocurra con la investidura y el futuro Ejecutivo de la Moncloa.

Al margen de los macroproyectos, el Govern se ha saltado otra de las peticiones que puso sobre la mesa el partido de Salvador Illa: paralizar y revisar la red catalana en el exterior. Con la argucia de que las nuevas «embajadas» se pondrán en marcha a partir del año que viene, la consejera de Acción Exterior, Meritxell Serret, anunció por sorpresa en julio que la Generalitat ya trabaja en un plan estratégico 2023-2026 para definir la estrategia de desarrollo de la red de delegaciones, que incluye la apertura de nuevas oficinas para cubrir las zonas de Asia Meridional, Sudeste Asiático y África Oriental. A lo largo de este año también se ha creado la figura del enviado especial, una estrategia internacional que choca con las reclamaciones de los socialistas en este sentido.

Por su parte, los Comunes criticaron en la última reunión antes de las vacaciones que el Govern incumple el acuerdo de presupuestos en materia de vivienda, salud y planificación ecológica. «Buena parte de las medidas contempladas en el texto no se están llevando a cabo», denunció ese grupo, que también posibilitó con sus ocho escaños la aprobación de las cuentas en el Parlament.