En un contexto de retroceso político para el independentismo, Junts, ERC, los Comuns y la CUP han buscado un gesto simbólico de impacto. Y lo han encontrado en un lugar insólito: los archivos del siglo XVIII. La propuesta registrada esta semana en el Parlament pide al Congreso de los Diputados la derogación de los Decretos de Nueva Planta, implantados por Felipe V entre 1707 y 1716 tras la Guerra de Sucesión Española.

Aquellos decretos suprimieron las leyes, fueros e instituciones propias de los territorios de la Corona de Aragón —Cataluña, Valencia, Aragón y Mallorca—, y establecieron un modelo centralizado inspirado en el absolutismo borbónico. Para los grupos independentistas y los juristas que impulsan la iniciativa, su derogación supondría un gesto de reparación histórica y simbólica hacia unos territorios cuyos sistemas jurídicos fueron eliminados de manera unilateral hace más de tres siglos.

El movimiento tiene un marcado componente político: el 1714 sigue siendo uno de los pilares emocionales del relato soberanista, que ha reinterpretado aquel conflicto dinástico del siglo XVIII como una confrontación entre “España” y “Cataluña”. Los partidos que promueven la iniciativa sostienen que la Constitución de 1978 no abordó explícitamente la derogación de los decretos —salvo en el caso foral vasco-navarro— y reclaman ahora una rectificación institucional que reconozca la pluralidad jurídica y territorial previa a la llegada de los Borbones.

Pero la propuesta no ha tardado en recibir respuestas críticas. La más viral ha sido la de Alejandro Fernández, líder del PP en Cataluña, que retuiteó la noticia y lanzó una ironía demoledora:

“Hay que ser más ambiciosos y derogar el Paleolítico enterito: fue una etapa terrible sin derechos sociales ni sindicales. Les salva que el transporte era sostenible y sin emisiones.”

Con este comentario, Fernández ridiculiza lo que considera una iniciativa anacrónica y desconectada de los problemas reales de la ciudadanía. Su mensaje satiriza la idea de legislar sobre épocas remotas para subrayar, según su interpretación, lo absurdo de revisar normativamente decisiones tomadas hace más de 300 años que hoy no tienen aplicación jurídica efectiva.