La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha anunciado este lunes que el Govern ha “acelerado” el proceso de transformación de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) a raíz de los últimos casos de abusos a menores tutelados y las irregularidades detectadas en el sistema de protección.

En declaraciones a los medios tras una reunión con entidades del tercer sector, Martínez ha calificado el encuentro de “muy provechoso” y ha adelantado que en los próximos días se hará público un plan de transformación que lleva meses elaborándose. Según ha explicado, el plan tiene como ejes principales la mejora de la prevención, la adaptación del sistema a la nueva realidad social, y el refuerzo en la calidad de la atención.

Aunque no ha querido entrar en detalles sobre el reciente caso de una menor víctima de una red de pederastia mientras estaba bajo tutela administrativa de la Generalitat, Martínez ha compartido la consternación con las entidades presentes y ha subrayado la necesidad urgente de “dar respuesta y mejorar muchos de los ámbitos del sistema de protección a la infancia”.

Un sistema al límite

La consellera ha reconocido que el sistema presenta fallos estructurales, incluyendo protocolos que “a veces no funcionan”, una falta crónica de recursos, y una creciente “complejidad” en el perfil de los menores atendidos. Este último punto, ha dicho, se ha visto agravado por la irrupción de las redes sociales, que suponen nuevos riesgos para los jóvenes y requieren nuevas herramientas de protección.

En este contexto, Martínez ha defendido la necesidad de “adaptar y redimensionar” las administraciones públicas, reforzando especialmente los mecanismos de prevención y protección. Ha insistido también en mejorar la gestión, el buen gobierno y la calidad de la atención en los centros de acogida.

Una reforma largamente esperada

La DGAIA ha estado en el centro del debate público desde que se conociera que una menor tutelada había sido víctima de abusos sexuales por parte de un adulto que formaba parte de una red de explotación infantil. El caso, por el que la Fiscalía pide 107 años de prisión, ha puesto de relieve las debilidades de un sistema que, según la síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, “es obsoleto” y necesita una reforma estructural.

El Govern ya destituyó en marzo a la anterior directora de la DGAIA, Isabel Carrasco, así como al subdirector Joan Mayoral. En su lugar, se nombró a Josep Muñoz Luque, con un perfil más técnico y gerencial, con el objetivo de liderar una nueva etapa de reorganización interna.

Además, se ha encargado una auditoría interna sobre el funcionamiento del organismo y se ha abierto una investigación para revisar posibles negligencias. La consellera ha negado la existencia de una trama corrupta, como ha insinuado parte de la oposición, pero sí ha admitido la urgencia de una transformación profunda.