¿En qué consiste el escándalo de la DGAIA? Todo sobre el caso de corrupción que salpica a ERC

El grupo de Vox en el Parlament de Cataluña, a través de su diputada María García Fuster, ha solicitado el "desmantelamiento" de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), organismo dependiente de la Generalitat. Fuster ha exigido “meter mano y limpiar absolutamente todo lo que está pasando” en esta entidad y ha reclamado su fiscalización exhaustiva debido a las numerosas irregularidades detectadas.

La DGAIA está actualmente en el centro de una investigación por presuntas anomalías en la gestión de recursos públicos destinados a menores tutelados y jóvenes extutelados. La Sindicatura de Cuentas y la Oficina Antifraude de Cataluña han revelado prácticas irregulares entre 2016 y 2020, periodo en el que este organismo gestionó 788 millones de euros. Entre las irregularidades se incluyen adjudicaciones sin licitación, pagos no justificados y prórrogas de contratos sin fundamento.

Responsables políticos y bloqueos parlamentarios

Durante los años investigados, la DGAIA estuvo dirigida por Ricard Calvo (2016-2017), exconcejal de ERC en Girona vinculado después a fundaciones beneficiarias; Georgina Oliva (2017-2018), exdiputada y dirigente de ERC; y Ester Sara Cabanes (2018-2024). Estos hechos tuvieron lugar durante los gobiernos de Carles Puigdemont y Quim Torra, y bajo la responsabilidad de los consellers de ERC Dolors Bassa y Chakir El Homrani.

Desde Vox han solicitado la comparecencia de toda la cúpula de la DGAIA, pero según Fuster, los grupos de ERC y del PSC han bloqueado dicha iniciativa.

Contratos sin licitación y vínculos con exdirectivos

La DGAIA es un organismo encargado de proteger y acoger a menores en situación de vulnerabilidad y de acompañar a jóvenes extutelados. No presta directamente los servicios, sino que los subcontrata a entidades del tercer sector, que gestionan pisos tutelados, centros de acogida, ayudas económicas y programas sociales.

Una de las principales líneas de investigación se centra en la adjudicación de contratos a estas fundaciones sin pasar por procesos de licitación pública. Según un informe de la Sindicatura de Cuentas de marzo de 2024, entre 2016 y 2020 se otorgaron al menos 98 millones de euros mediante mecanismos de emergencia que permitieron evitar la competencia, de forma injustificada. Muchas de estas adjudicaciones recayeron en entidades donde trabajaban antiguos directivos de la DGAIA, como Ricard Calvo, que antes y después de su paso por el organismo trabajó en la Fundació Resilis, integrada en el Grup Plataforma Educativa.

Entre otras irregularidades detectadas figuran aumentos de gasto sin justificar, prórrogas automáticas de contratos por valor de 86 millones de euros y sobrecostes presupuestarios. Calvo dimitió tras conocerse estos hechos y volvió a trabajar en la fundación beneficiada.

Alquileres inflados con fondos públicos

Otro de los hechos investigados es el uso de fondos públicos para pagar alquileres considerados desorbitados. Una de las fundaciones implicadas, FASI, recibió dinero de la DGAIA para gestionar viviendas para menores, pero destinó estos fondos a arrendar pisos a través deCasa Equipaments, una inmobiliaria que había adquirido la propia fundación. Entre 2012 y 2015, FASI habría pagado 1,5 millones de euros en alquileres, a su propia inmobiliaria, muy por encima del valor de mercado, en concreto, pagaba entre 3.000 y 5.000 euros mensuales por pisos de entre 120 y 200 m².

Este modelo de funcionamiento permitió a la fundación acumular patrimonio inmobiliario con fondos públicos. No consta que este patrimonio vaya a revertir al sistema público de protección social.

Conflicto de intereses en la supervisión de ayudas

En 2022, la DGAIA contrató por 4 millones de euros a una unión temporal de empresas (UTE FMF-Resilis) para gestionar el SEVAP, el organismo que supervisa si los jóvenes extutelados cumplen con los requisitos para seguir recibiendo ayudas económicas. Sin embargo, algunas de estas entidades, como Resilis, también están a cargo de los pisos donde residen estos jóvenes, lo que les otorga un doble rol como proveedor y supervisor.

Según el testimonio de un trabajador de SEVAP, actualmente testigo protegido por la Oficina Antifraude, se habrían producido pagos indebidos a jóvenes que ya no cumplían los requisitos, como seguir cobrando ayudas tras abandonar el piso o superar el umbral de ingresos. Además, el denunciante asegura haber sido presionado para manipular informes internos y no documentar las irregularidades detectadas.

Plataforma Educativa: estructura, fundaciones y volumen económico

La mayoría de los contratos investigados están relacionados con Plataforma Educativa, un conglomerado que agrupa diez fundaciones y asociaciones, entre ellas: Fundació Resilis, Fundació Astres, Fundació Gentís, Fundació Infància i Família, Fundació FASI, Fundació Utopia, Eina Activa, Idària, Fundació El 7 y Acciona’t.

Este grupo ha gestionado más de 300 millones de euros entre 2016 y 2023. La dirección de estas entidades está concentrada en un reducido grupo de personas. Según datos documentados, 12 personas ocupan 47 cargos directivos en distintas fundaciones del grupo.

Plataforma Educativa recibe fondos de distintas instituciones públicas, entre ellas: Generalitat de Cataluña (varios departamentos), Ayuntamientos como los de Barcelona, Girona o El Masnou, diputaciones (Girona, Tarragona, Barcelona), consorcios de servicios sociales, la Universitat de Girona, la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament y de fondos europeos Next Generation EU.

Inversión en vivienda financiada con dinero público

En 2023, la Fundació Resilis, integrada en el grupo Plataforma Educativa, firmó un acuerdo con la Agència Catalana de l’Habitatge y el Institut Català de Finances para adquirir el derecho de uso de 500 viviendas durante 75 años, en una operación valorada inicialmente en 30 millones de euros públicos. Esta inversión, financiada con recursos de la Generalitat, tenía como objetivo formal destinar los inmuebles a programas de vivienda social dirigidos a jóvenes extutelados y colectivos vulnerables.

Además del importe inicial, la fundación habría recibido numerosas subvenciones adicionales para la rehabilitación de estos pisos, así como fondos públicos para gestionar la acogida de menores en ellos. Según la información recogida en la investigación, esto implica que con dinero público se han financiado tres fases consecutivas de la misma operación: la adquisición del derecho de uso, la reforma de los inmuebles y la prestación de servicios sociales en ellos.

Investigación en curso y falta de medidas

El caso sigue bajo investigación por parte de la Oficina Antifraude de Cataluña. La Sindicatura de Cuentas ya ha emitido un informe detallando irregularidades. El testigo protegido sigue recibiendo apoyo institucional, pero no se han tomado medidas cautelares sobre los contratos activos con las fundaciones implicadas, y fundaciones de Plataforma Educativa siguen trabajando para la DGAIA.

En el Parlament, Vox ha solicitado comparecencias y comisiones de investigación, pero hasta la fecha ERC, PSC, Comuns y Junts han bloqueado la apertura de una comisión parlamentaria específica sobre el caso. En este sentido, Fuster ha declarado que "esto demuestra que a esas administraciones los menores les daban absolutamente igual. A pesar de todo, el Govern no ha tomado ninguna medida contundente ni se ha pronunciado".

Además, ha opinado que la Generalitat debería "desmantelar" la DGAIA y ha denunciado que los grupos parlamentarios de ERC, los Comunes, el PSC y Junts bloquean iniciativas para fiscalizar dicho organismo, recordando que una diputada de ERC incluso afirmó que investigar a la DGAIA "es dar alas a la extrema derecha".