El pleno del Parlament ha validado este miércoles el decreto ley del Govern que condona los pagos indebidos de la Generalitat a jóvenes extutelados, con el apoyo de PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y CUP, y el voto contrario de PP, Vox y Aliança Catalana.

La norma establece que no se exigirá la devolución de los importes que hasta el momento de la entrada en vigor del texto no se hayan satisfecho a las personas que sean o hayan percibido la prestación para jóvenes extutelados que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Concretamente, no deberán devolver los pagos indebidos los extutelados que perciban el Ingreso Mínimo Vital, la Renta Garantizada de Ciudadanía o alguno de sus complementos o que durante 2024 hayan percibido ingresos inferiores a dos veces el salario mínimo interprofesional.

"Justicia social"

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha defendido durante su intervención que no se trata solo de una medida económica: "Es una medida de justicia social, que se enmarca en la profunda transformación que estamos impulsando del sistema de protección a la infancia y también del sistema de gestión de prestaciones".

Ha argumentado que los pagos indebidos se produjeron por la falta de recursos tecnológicos, técnicos y humanos y por un modelo de gestión obsoleto que, ha asegurado, desde que llegó a la conselleria están reformando.

También ha dicho que se trata de "una problemática que está prácticamente resuelta", y que la medida está totalmente alineada con el marco normativo, en sus palabras.