La pobreza energética en Barcelona se traslada al verano

Una reciente encuesta sobre hábitos energéticos y conciencia climática, encargada por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) al Institut Metròpoli, ha revelado datos significativos sobre la situación energética de los hogares en la región. Uno de los aspectos más preocupantes es el impacto de la pobreza energética, que afecta a una parte considerable de la población, especialmente en las zonas más vulnerables. Sin embargo, el estudio también arroja luz sobre otros temas clave, como la disposición de los ciudadanos a adoptar medidas sostenibles y las barreras que dificultan la transición hacia un modelo energético más ecológico.

Según los resultados de la encuesta, el 24,2% de los hogares metropolitanos no puede mantener una temperatura adecuada durante el verano debido al coste energético. Este porcentaje aumenta al 30,7% en las zonas más vulnerables, como el eje Besòs (Badalona, Sant Adrià de Besòs y Santa Coloma de Gramenet) y ciertos distritos de Barcelona como Nou Barris y Ciutat Vella. Durante los meses fríos, aunque el impacto es algo menor, un 19,3% de los hogares sigue enfrentando dificultades para calentar sus viviendas. Además, un 11,5% de las familias reporta retrasos en el pago de facturas básicas como electricidad y agua.

El estudio destaca que las mujeres y las personas con menores ingresos son las más afectadas por esta problemática. La percepción negativa del estado de salud también incrementa la vulnerabilidad frente a episodios extremos de calor o frío. Por otro lado, el tipo de vivienda juega un papel crucial: mientras que un 28,4% de las casas unifamiliares aisladas cuenta con placas solares fotovoltaicas, solo un 3,1% de los pisos dispone de este tipo de instalaciones. Esto refleja cómo las características estructurales del área metropolitana dificultan la implementación de soluciones energéticas sostenibles en edificios multifamiliares.

La pobreza energética no solo limita el confort térmico y genera estrés financiero en las familias afectadas, sino que también tiene implicaciones ambientales. La incapacidad para invertir en sistemas sostenibles perpetúa el uso intensivo de fuentes no renovables como el gas natural (utilizado por más del 50% de los hogares), lo que dificulta alcanzar los objetivos climáticos establecidos por las autoridades locales.

Más allá del impacto directo de la pobreza energética, la encuesta revela una creciente preocupación entre los ciudadanos por el cambio climático y una disposición significativa a adoptar hábitos sostenibles. El 85,7% de los encuestados afirma estar muy preocupado por la crisis climática, mientras que el 71% está dispuesto a reducir el uso del vehículo privado para optar por medios más sostenibles como el transporte público. Asimismo, un 68,2% considera instalar placas solares fotovoltaicas en sus viviendas y un 66,1% está dispuesto a cambiar a compañías eléctricas que ofrezcan energía 100% renovable.

Brecha

Sin embargo, existe una brecha considerable entre intención y acción. Solo un 4,4% de los hogares metropolitanos cuenta actualmente con placas solares instaladas y menos del 10% ha cambiado a compañías eléctricas renovables. Entre los principales obstáculos identificados están el coste elevado de estas medidas y la falta de información sobre ayudas públicas disponibles. De hecho, el 74,2% desconoce las subvenciones existentes para fomentar la transición energética. Además, en edificios multifamiliares es frecuente encontrar dificultades para alcanzar acuerdos vecinales que permitan implementar soluciones colectivas.

Otro dato relevante es la relación entre ingresos económicos y adopción de medidas sostenibles. Los hogares con mayores ingresos tienen más probabilidades de cambiar a compañías eléctricas renovables (12,5%) frente a aquellos con menores recursos (5,3%). Esto evidencia cómo las desigualdades económicas influyen directamente en la capacidad para participar en la transición ecológica.

Por último, la encuesta destaca que un porcentaje significativo de ciudadanos ya ha comenzado a modificar sus hábitos para reducir su impacto ambiental. Un 21% ha reducido o eliminado sus viajes en avión y un 16,5% ha disminuido o abandonado el uso del vehículo privado. Estas cifras reflejan una creciente concienciación ambiental entre la población metropolitana. Así pues, la pobreza energética sigue siendo un problema estructural que afecta profundamente a miles de familias vulnerables y limita su calidad de vida. Por otro lado, existe una creciente preocupación por el cambio climático y una disposición significativa entre los ciudadanos a adoptar medidas sostenibles.