Quiénes son Alba Vergés y Josep Maria Argimon, los exconsejeros de la Generalitat para los que Fiscalía pide 12 años de inhabilitación por "discriminar" a la policía española

La Fiscalía de Barcelona ha puesto en el centro del debate a dos figuras clave de la sanidad catalana durante la pandemia: Alba Vergés y Josep Maria Argimon. Ambos exconsejeros de Salut de la Generalitat están acusados de haber actuado de forma arbitraria al demorar injustificadamente la vacunación contra la covid-19 de miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

Junto a ellos, también están imputados el exsecretario general del Departament de Salut, Marc Ramentol, y el exdirector del Servei Català de Salut, Adrià Comella. El Ministerio Público les atribuye un delito de prevaricación y solicita para cada uno de ellos una pena de 12 años de inhabilitación. ¿Quiénes son los implicados en el caso?

Alba Vergés

Alba Vergés i Bosch (Igualada, 1978) es economista e ingeniera técnica en informática de gestión. Militante de Esquerra Republicana desde 2011, fue diputada del Parlament de Catalunya desde 2012 hasta 2023. Entre mayo de 2018 y mayo de 2021 ejerció como consellera de Salut, bajo los gobiernos de Quim Torra primero y Pere Aragonès después, cargo en el que se convirtió en uno de los rostros visibles del Govern durante los momentos más duros de la pandemia.

Antes de llegar al Ejecutivo catalán, Vergés trabajó en el ámbito de las TIC y en el Consorci Sociosanitari d’Igualada. Como consellera, su gestión fue objeto de críticas, especialmente por el contrato de 17 millones de euros adjudicado a Ferrovial para el rastreo de contactos de covid, que fue rescindido posteriormente. También impulsó la creación del Consell Assessor en Polítiques de Gènere en Salut y promovió la Agencia de Salut Pública de Catalunya.

En 2022 anunció su candidatura a la alcaldía de Igualada por ERC, aunque finalmente no logró hacerse con la vara de mando.

Josep Maria Argimon

Josep Maria Argimon (Barcelona, 1958) es médico y doctor por la UAB, especializado en medicina preventiva y salud pública. Tiene una sólida trayectoria académica e internacional: máster por Oxford y la Universidad de Gales, además de formación en estadística y epidemiología en París. Ha trabajado como consultor internacional y es autor de diversos estudios sobre salud pública.

Antes de ser conseller de Salut entre 2021 y 2022 (como independiente propuesto por Junts per Catalunya), Argimon fue director del Institut Català de la Salut y, anteriormente, director del AQuAS. Su gestión al frente del Departament se centró en la fase de vacunación de la pandemia y el refuerzo de la atención primaria. Abandonó el cargo tras la salida de Junts del Govern de Pere Aragonès y se incorporó a la Fundación Pasqual Maragall como director de infraestructuras científicas.

Acusación por discriminación en la vacunación

El origen de la causa penal se remonta a la campaña de vacunación de febrero y marzo de 2021. Según el escrito de acusación, los entonces responsables del Departament de Salut habrían retrasado de forma injustificada la vacunación de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados en Cataluña. Mientras los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana alcanzaban coberturas del 77% y 77,9% respectivamente, apenas un 2,8% de los guardias civiles y un 3,6% de los policías nacionales habían recibido la vacuna.

La Fiscalía considera que esta diferencia no se debió a criterios técnicos o logísticos, sino a una decisión deliberada y consciente por parte de los responsables del Departament. Argumenta que, pese a conocer la situación, priorizaron la vacunación de la población general de entre 60 y 65 años, excluyendo así a los agentes estatales que no se encontraban en ese rango de edad.

El caso se agravó cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) obligó, a petición de los sindicatos policiales JUCIL y JUPOL, a vacunar de forma inmediata a los agentes de los cuerpos estatales. Para la Fiscalía, esta omisión constituye un caso claro de prevaricación administrativa por haber tomado una decisión injusta a sabiendas.

Desde Salut, sin embargo, siempre se ha defendido que no hubo voluntad de discriminar a los cuerpos estatales. Aducen que en los días clave se tomó la decisión de cambiar el criterio de vacunación para priorizar a los mayores de 60 años, coincidiendo además con la suspensión temporal de la vacuna de AstraZeneca tras detectarse casos de trombos.

La acusación fiscal considera que este cambio de criterio no justifica la exclusión de los agentes estatales, ya que otros cuerpos policiales fueron vacunados en paralelo y con mayor cobertura. El proceso judicial se encuentra en fase de instrucción, pero ha sido interpretado como un paso más en la judicialización de las decisiones políticas durante la pandemia en Cataluña.