Societat Civil Catalana lleva la ley de amnistía ante el Tribunal de Justicia de la UE

La batalla judicial contra la ley de amnistía ha alcanzado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Societat Civil Catalana (SCC) ha conseguido que la Justicia europea se pronuncie sobre la aplicación de esta medida a los líderes independentistas procesados por malversación y, en particular, a Carles Puigdemont, prófugo de la justicia española.

Un recurso clave para la Justicia europea

El recurso de SCC mantiene viva la causa por malversación en el Tribunal de Cuentas, lo que ha permitido que la aplicación de la ley de amnistía sea evaluada en el contexto del derecho comunitario. Hasta ahora, esta acción ha evitado que se aplique el perdón legal a los líderes separatistas procesados por su responsabilidad en el uso de fondos públicos para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la promoción internacional del proceso independentista a través del Diplocat.

En 2022, SCC presentó una demanda ante el Tribunal de Cuentas contra once ex altos cargos de la Generalitat, incluyendo a Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas, Raül Romeva y otros miembros destacados del independentismo catalán. La organización reclama la devolución de cinco millones de euros que, según sus acusaciones, fueron malversados en la organización del referéndum y en una campaña de desprestigio contra la democracia española.

El Tribunal de Cuentas eleva la cuestión al TJUE

El pasado 30 de mayo de 2024, el Gobierno y sus socios aprobaron la ley de amnistía, un movimiento que SCC califica como un "atropello al Estado de derecho". En respuesta, el Tribunal de Cuentas consultó a las partes si debía solicitar un dictamen al TJUE sobre la compatibilidad de la medida con el derecho comunitario. Mientras que el Ministerio Fiscal y las defensas de los encausados consideraron "no procedente" elevar la cuestión a Europa, SCC fue la única parte que insistió en la necesidad de aclarar si la amnistía vulnera principios esenciales de la Unión Europea.

Finalmente, el Tribunal de Cuentas avaló la postura de SCC y planteó una cuestión prejudicial al TJUE, suspendiendo el procedimiento hasta recibir una respuesta.

Argumentos contra la amnistía

En sus alegaciones ante el tribunal europeo, SCC sostiene que la amnistía por malversación choca frontalmente con varios principios del derecho comunitario, como la protección de los intereses financieros de la Unión Europea, la seguridad jurídica, la lucha contra el fraude y la cooperación leal con las instituciones europeas. Además, consideran que esta medida rompe el principio de igualdad y no discriminación ante la ley, al otorgar un "privilegio injustificado" a los líderes independentistas.

SCC argumenta que la amnistía no es un acto de reconciliación política, sino una "moneda de cambio" en el marco de acuerdos políticos, lo que pone en riesgo la credibilidad del sistema judicial. En esta línea, el Tribunal Supremo ya ha expresado su preocupación sobre el impacto de la medida en la confianza en la Justicia.