Varapalo del Consell de Garanties a la Generalitat: declara antiestatutuario el decreto de la tasa turística de Cataluña

Nuevo varapalo jurídico para el Govern de la Generalitat. El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha emitido un dictamen contrario al segundo decreto ley con el que el Ejecutivo catalán pretendía posponer la entrada en vigor del incremento de la tasa turística, aprobado por el Parlament el pasado 7 de mayo. Se trata del Dictamen 4/2025, aprobado por unanimidad el pasado 30 de mayo, y que declara que el Decret llei 10/2025, de 13 de mayo, no respeta las condiciones de urgencia y necesidad extraordinaria que exige el Estatut d’Autonomia de Catalunya para poder legislar mediante este procedimiento excepcional.

El CGE es un órgano encargado de velar de que las leyes sean compatibles con el Estatut. Se trata de lo equivalente al Tribunal Constitucional. Este es ya el segundo toque de atención del Consell de Garanties en pocas semanas sobre la misma cuestión. En abril, el órgano ya se había pronunciado en contra de decreto ley que establecía el aumento de la tasa por considerar que tampoco se justificaba la urgencia para aprobarlo sin un trámite parlamentario ordinario.

El nuevo decreto ahora impugnado pretendía aplazar la aplicación del aumento del impuesto sobre estancias turísticas y del recargo que puede aplicar el Ayuntamiento de Barcelona. El Govern justificó la decisión en la necesidad de dar seguridad jurídica al sector turístico, después del rechazo del Parlament a un intento previo de suspender la entrada en vigor del aumento, y también en el marco de la emergencia habitacional.

Sin embargo, el Consell de Garanties considera que estos argumentos no son válidos. En su dictamen, recuerda que la potestad legislativa mediante decreto ley solo es admisible en caso de necesidad extraordinaria y urgente, y que el Govern no ha justificado esta condición ni en la exposición de motivos ni en la documentación del decreto.

Además, el Consell, en el dictamen consultado por este medio, apunta que aplazar la subida impositiva va en contra del objetivo declarado de combatir "la emergencia habitacional", ya que supone menos ingresos disponibles para políticas públicas de vivienda. También desestima el argumento de la seguridad jurídica, al considerar que el marco normativo actual, aunque haya generado confusión, no representa un obstáculo insalvable, ni justifica el uso de un segundo decreto ley para corregir la situación.

El dictamen concluye que la regulación de las nuevas tarifas prevista en el primer decreto es "perfectamente clara" y que el segundo decreto defrauda el principio de aplicación inmediata que justifica la excepcionalidad del decreto ley.

Choque parlamentario

Todo este embrollo legislativo comenzó con la aprobación por sorpresa en el Parlament, el 7 de mayo, del aumento de la tasa turística pactado entre el Govern y los Comuns. Sin embargo, poco después, el Ejecutivo quiso posponer su entrada en vigor, prevista inicialmente para el 1 de mayo, lo que generó malestar en el sector turístico, al no quedar claro si debía aplicarse o no el nuevo importe.

Junts per Catalunya, que ya había recurrido el primer decreto, también impugnó el segundo ante el Consell de Garanties. Su portavoz, Mònica Sales, celebró que el órgano volviera a darles la razón y acusó al Govern de "persistir en el error" de "gobernar a golpe de decreto".

Aunque el dictamen no es vinculante, puede influir en la votación parlamentaria sobre la convalidación del decreto, prevista para este mes de junio. El primer decreto cayó por el rechazo de Junts y los comunes. Sin embargo, ahora el PSC ha alcanzado un acuerdo con el grupo de Jéssica Albiach para que parte de los ingresos de la tasa turística se destinen a políticas de vivienda, lo que podría asegurar el apoyo de los Comuns y salvar la convalidación del decreto en esta ocasión.