La Fiscalía Anticorrupción indagará en los beneficios de las empresas de Barceló

La Fiscalía Anticorrupción de Valencia va a pedir a la Agencia Tributaria que le aporte datos sobre la actividad de las empresas de Joaquín Barceló, investigado en el conocido como «caso Erial».

Anticorrupción ha tenido conocimiento de una deuda que mantiene Barceló con la Hacienda Pública y que ascendería a más de 500.000 euros por el ejercicio 2001, según publicó el periódico Levante recientemente.

Desde la Fiscalía Anticorrupción no tenían conocimiento de esta causa, ni de que la Audiencia Nacional había rechazado el aplazamiento del pago de esa deuda. Por ello, el fiscal anticorrupción va a solicitar información al respecto, si bien es cierto que el ejercicio económico al que hace alusión la Audiencia Nacional corresponde a 2001, es decir, hace 19 años, por lo que la información que se pueda recabar tendrá poca validez en la investigación actual, pero no por ello ha dejado de llamar la atención tan abultada cifra al repre4sentante del Ministerio Público.

Barceló dirigió el Centro de Desarrollo Turístico de Benidorm, localidad en la que Zaplana fue alcalde antes de pasar a presidir la Generalitat. También fue director de Formación de la Agencia Valenciana de Turismo.

La causa Erial, en la que se investiga también a Zaplana, sigue teniendo una pieza bajo secreto de sumario en la que, al parecer, se incluye información recabada en las distintas comisiones rogatorias que se han cursado a diversos países.

En ella se investigan los delitos de blanqueo de capitales, soborno, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación y asociación ilícita, todos ellos relativos al presunto cobro de comisiones por adjudicaciones de la Generalitat en el Plan Eólico y en la privatización de las estaciones de la ITV.

La causa se inició, según versión oficial, al hallarse entre la documentación requisada a la defensa del autodenominado «yonki del dinero» investigado en la causa Imelsa, un papel con el diseño del presunto cobro de las «mordidas»