Vox

Vox pide que se impida el acceso a las ayudas públicas a los «okupas»

La formación considera que la permisividad a la «okupación» lo único que se favorece es que se sigan aumentando los casos de ocupación de viviendas y la inseguridad de los propietarios

Imagen de archivo del desalojo de un edificio ocupado
Imagen de archivo del desalojo de un edificio ocupadolarazonLa Razón

El grupo parlamentario Vox en Les Corts Valencianes ha presentado una proposición no de ley en Les Corts en la que reclama que se dejen fuera de la posibilidad de recibir ayudas públicas a todas aquellas personas que hayan sido condenadas por haber ocupado ilegalmente una vivienda.

La formación conservadora recuerda que durante el año 2017 en la Comunitat Valenciana se interpusieron más de 1.500 denuncias «y no se llegó a las 100 sentencias condenatorias, según fuentes de la Fiscalía».

Consideran que «no deben beneficiarse de las ayudas públicas aquellas personas que han vulnerado el derecho a la vivienda de las personas que sí han seguido los cauces legales correspondientes, porque estaríamos favoreciendo a esas personas que no han tenido ningún respeto por la ley o la propiedad ajena».

En opinión de los diputados Ana Vega y Miguel Pascual, «con esta política de permisividad con el delincuente, lo único que se favorece es que se sigan aumentando los casos de ocupación de viviendas y se aumente la inseguridad de los propietarios, derivando que les carezca de interés poner sus viviendas en alquiler o bajar los precios».

Recuerdan que «la propiedad privada es la salvaguarda de la independencia de las familias y de la libertad individual. Pero, actualmente la ley desprotege al propietario y beneficia al okupa por lo que es imperativo revertir esta situación para que los ciudadanos puedan contar con una ley que revierta la indefensión en la que se encuentran tras tanto esfuerzo y sacrificio para tener una vivienda en propiedad».

Ya a mediados de 2015 se contabilizaron más de 500 ocupaciones ilegales, números que a fecha de julio de 2019 ya eran un total de más de 1.160 casos. Solo en 2018 se detectaron 170 nuevas ocupaciones ilegales en inmuebles de la administración valenciana, de las que 11 fueron en Castellón, 91 en Valencia y 68 en Alicante.

Además de la inseguridad a la que se enfrentan los propietarios, están los problemas que sufren los vecinos de las viviendas ocupadas en aspectos como la seguridad o la higiene

Por ello, la propuesta de resolución que pretende sacar adelante Vox pide que se excluyan de todas las ayudas públicas de cualquier índole a todas aquellas personas con delitos respecto a conductas ilegales de ocupación.