La reapertura de la «causa de los sobres» de Castellón ha mantenido impasibles a los cargos de Compromís investigados y que siguen en activo.

La Audiencia provincial de Castellón ha ordenado continuar con el procedimiento contra el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, y el entonces asesor municipal, Miquel Torres, actualmente jefe de gabinete de la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, María José Amigó.

La única víctima política de este caso es la ex vicealcaldesa de Castellón, Ali Brancal, quien el pasado mes de mayo dimitió de su cargo y solicitó su baja del partido. La renuncia, tal y como trascendió en su día, no fue voluntaria sino que vino forzada tras una tensa asamblea local.

El origen del «caso de los sobres» parte de una querella del PP en la que denunció el envío de papeletas electorales de Compromís en 2014 a través del servicio de correo municipal.

Marzà, secretario local del partido en Castellón

Se da la circunstancia de que el secretario local de Compromís de Castellón en el momento en el que se produjeron los hechos era el actual conseller de Educación, Vicent Marzà.

Este diario intentó ayer, sin éxito, recoger el testimonio del conseller, quien además se perfila como el favorito para relevar a Mónica Oltra como líder de esta coalición de partidos.

También se puso en contacto con Miquel Torres, que se remitió al comunicado del partido que inciden en los fundamentos que llevaron al sobreseimiento del caso, como «la clara finalidad política de la querella» y el ínfimo coste del franqueo.

Nomdedéu se defendió a través de Facebook. “He de confesar que personalmente me afecta porque alimenta el discurso tramposo del partido más corrupto de la historia que retomará su campaña difamatoria alimentando el titular que me vinculará con delitos o tipificaciones penales que no he cometido. Pero soy coherente. Siempre he dicho que es asumible una injusticia personal si eso sirve para demostrar que en política no todos somos iguales. Y que somos muchos los que la ejercemos desde un compromiso ético”. Añade además que el juez dice que el importe del caudal que se investiga es de nueve euros.

El secretario autonómico de Empleoha estado implicado en otros comportamientos poco compatibles con la ética que defiende el cógido del partido al que pertenece. y que llevó a que parte del Bloc estuviese en contra de su nombramiento.

Según el auto hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la Audiencia considera que de la instrucción seguida «resultan suficientes indicios racionales de criminalidad para no descartar la participación» de los tres investigados en la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos.