Trabajadores de salones de juego dicen que el decreto traerá despidos

La Unión de Trabajadores de Salones de Juego presenta alegaciones

Los trabajadores de los salones de juego han presentado alegaciones al proyecto de decreto para la aplicación de la Ley del Juego de la Comunitat Valenciana al considerar que conllevará cierre de salones y los consiguientes despidos y una “drástica” reducción de la recaudación pública.

La Unión de Trabajadores de Salones de Juego (UTSAJU) denuncia además que la prohibición de publicidad en las fachadas y puertas de los salones invade las competencias del Estado y de los ayuntamientos.

La entidad ha presentado este lunes alegaciones al proyecto de Decreto de medidas urgentes para la aplicación de la Ley del Juego, ante la Subdirección General del Juego de la Conselleria de Hacienda, ha informado en un comunicado.

Consideran que cada nuevo paso que da la administración supone un nuevo "mazazo" a sus expectativas laborales, y el vicepresidente de UTSAJU, Vicente Contreras, ha afirmado que la administración está haciendo "todo lo que está en su mano para acabar con los salones de juego de la Comunidad Valenciana, y con ellos, con nuestros empleos".

Contreras ha expuesto "la enorme preocupación" de los trabajadores y de sus familias por unas medidas que "imponen nuevos obstáculos al mantenimiento de sus puestos de trabajo".

En las alegaciones presentadas, los trabajadores señalan que tanto la ley como el decreto impugnado "ponen en serio peligro el mantenimiento de nuestros puestos de trabajo" y la distancia establecida por la regulación supone "la precarización de nuestros empleos ya que estos van a depender de unas distancias que nunca serán fijas ni seguras".

Con la actual ley, los salones que se encuentren a menos de 800 metros de un centro educativo deberán cerrar y, en el mejor de los casos, trasladarse a otra ubicación, y se preguntan qué ocurrirá si después del traslado se decide construir un centro educativo cerca.

Los empresarios afectados “no querrán ni podrán soportar” un nuevo traslado, lo que significará “el despido de los trabajadores”, añaden, por lo que piden que la obligación de las distancias se aplique sólo a las nuevas autorizaciones.