De la AP-7 sin peajes a pagar por circular por las autovías

1de enero de 2020. El peaje de parte de la AP-7 desaparecía después de 48 años. Plataformas ciudadanas organizaron fiestas para celebrar que ya no pagarían cada día por usar esta carretera entre Alicante y Tarragona. Las redes se llenaron de fotos de coches pasando con las barreras levantadas.

La euforia colectiva desatada por esta promesa realizada y cumplida por el entonces ministro de Transportes, José Luís Ábalos, fue cuestionada por pocos colectivos. Fue el sector de la obra pública el que advirtió, principalmente de dos cuestiones: una, que a partir de ahora la conservación de esta vía se pagaría a través de los Presupuestos, es decir, con los impuestos de todos y no solo de los que la utilizan y dos, que esta decisión contravenía las directrices de Bruselas que insta a cumplir, también en este supuesto, el principio de «quien contamina paga» y aplicar un sistema de peaje en todas las carreteras.

Dos años y medio después las advertencias de la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana se han convertido en realidad.

Tal y como publicó LA RAZÓN, esta semana, en pleno mes de agosto se ha conocido que la compañía de ingeniería pública Ineco, que está desarrollando un estudio de alternativas del modelo de gestión y financiación de la red viaria por encargo del Ministerio de Transportes (Mitma), adjudicó a la consultora KPMG un contrato de asesoría y consultoría jurídica especializada en materia fiscal y tributaria en el ámbito de las carreteras para que le ayude a desarrollar su plan para implantar el «pago por uso de las vías de alta capacidad española».

Este contrato contrasta con las declaraciones que hizo antes de verano la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que aseguró que no consideraba adecuado implantar peajes en las vías de gran capacidad españolas en el corto plazo, debido a la difícil coyuntura económica actual.

El gerente de la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana, Manuel Miñés, recuerda a este diario que ya en 2021 explicó que en el momento en el que España solicitó acogerse a los Fondos Next Generation de la Unión Europea -para la Transformación y la Resilencia de la Economía Española- «es lógico que de algún modo nos esté exigiendo que implantemos la euroviñeta». Es decir, el pago por usar las carreteras principales.

Por este motivo, se pregunta por qué el Gobierno ha negado reiteradamente que vaya a cobrar peajes. «Nos comprometimos, ante la UE como condición ‘sine quanon’ para recibir los Fondos Next Generation». Insiste en que 23 países de la Unión Europea tiene tarificadas el cien por ciento de sus carreteras de alta capacidad. Otros, como Italia, tiene el 86 por ciento, Francia el 79 e Irlanda el 38».

En este sentido, reclama al Gobierno que explique que las tasas de peaje serán finalistas y retornarán al sector, bien para mejorar unas inversiones deficitarias en conservación, como para mejorar la viabilidad y seguridad viaria o para subvencionar el cambio del parque de automóviles y camiones para reducir la emisión de dióxido de carbono. También servirá para implantar carriles para vehículos de alta ocupación en áreas metropolitanas o en los acceso a grandes urbes.

Miñés urge a convocar una mesa de trabajo para abordar estas cuestiones e insiste, «queda un año y cuatro meses para cumplir con la UE».