El Gobierno valenciano subirá los impuestos a las rentas mayores de 77.000 euros a partir de 2023

Cuando el pasado 27 de septiembre el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, anunció su reforma fiscal para 2023, arrancó un “tira y afloja” entre la facción socialista del Botànic II y Compromís y Unides Podem, formaciones que, desde un principio, insistieron en que la reforma presentada por Puig era demasiado “blanda” con las rentas altas, a las que no penalizaba. Desde Compromís se instó a bajar de 60.000 a 50.000 euros el umbral para el descenso del IRPF establecido por los socialistas, e incluso se reclamó un “impuesto al lujo” para evitar que los empresarios pusieran bienes particulares a nombre de sus compañías.

Al final, todas aquellas demandas y exigencias se han tenido que rebajar, como era de esperar. Para empezar, la subida de impuestos exigida por las formaciones de izquierda no se aprobará este año, pues al tener carácter retroactivo no puede perjudicar a los contribuyentes. Por ello, tal y como publicó LA RAZÓN, ha quedado aplazada a la Ley de Presupuestos de la Generalitat valenciana de 2023, que incluirán una escala impositiva completamente nueva. De esta manera, el incremento de impuestos se hará efectivo en la declaración de la renta de 2024, siempre y cuando, claro, vuelva a ganar las elecciones el Botànic.

Según fuentes de la Conselleria de Hacienda, de acuerdo con los nuevos tramos incluidos en las cuentas de 2023, la subida del tipo del IRPF no se producirá a partir de los 50.000 euros, como pedían Compromís y Unides Podem, sino que afectará a los salarios superiores a los 77.000 euros, beneficiándose de la bajada impositiva todas las rentas inferiores a esta cifra. Es decir, los impuestos bajarán y subirán para más personas.

La nueva escala incluye una concesión a Compromís, la creación de un nuevo tramo tributario que aumenta la progresividad. Además, en la línea de incrementar la carga impositiva sobre las rentas más altas -prioridad máxima de los de Compromís y Unides Podem- los socialistas han tenido que acordar con sus socios un incremento de un cuarto de punto en cada tramo del Impuesto de Patrimonio y una subida del 10 al 11 por ciento del Impuesto de Transmisiones patrimoniales para inmuebles superiores al millón de euros.

Según adelantó ha adelantado esta misma mañana el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Arcadi España, estas dos medidas tendrán un impacto sobre la recaudación de 25 y 15 millones de euros respectivamente.

Tal y como recoge hoy EFE, a pesar de que la subida de impuestos es mucho menos exigente de lo que reclamaban desde Unides Podem y Compromís, fuentes de la vicepresidencia segunda del Consell, dirigida por la formación morada, han asegurado que se sienten “especialmente satisfechos con el acuerdo ya que, finalmente, se ha tenido la ambición y la valentía suficiente para abordar la reforma fiscal no solamente en el impuesto a la renta de las personas físicas sino, además, en el impuesto de patrimonio, entre otros”.

Asimismo, han calificado de “muy acertada” la decisión de “ir más allá de la reforma del IRPF”, ya que de esta forma se amplía la capacidad de recaudación de “uno de los impuestos más democráticos por esencial, aquel que recauda sobre la acumulación de riqueza y, por ende, que afecta especialmente a las clases bien estantes”.

Las mismas fuentes han destacado que esta reforma permitirá ampliar la protección social que necesitan los más vulnerables en estos tiempos tan convulsos para la economía mundial y las capacidades valencianas para acometer las transformaciones necesarias para superarla.

Asimismo, destacan que, a diferencia de la crisis de 2008, los más vulnerables no pueden ser los que carguen con lo más pesado de esta crisis, sino que “los de arriba, muchos de los cuales se beneficiaron de las medidas de protección social desplegadas por el gobierno y la Generalitat Valenciana durante la crisis de la COVID19, deben arrimar el hombro”.