Compromís y Podem aprietan al PSPV, logran la tasa turística y ahora exigen la Agencia de la Energía

Después de casi ocho años de negociaciones, tensiones y hasta amenazas de dimisión-que no se han cumplido- la tasa turística ya está aprobada. Solo hay que revisar la hemeroteca para comprobar cuántas veces dijo el PSPV que no la aprobaría, que no era el momento y también para ver cuántas veces Compromís y Unides Podem la ha utilizado como moneda de cambio en una negociación. La única constante: la negativa de la patronal y de la oposición en bloque que no entiende por qué hay que penalizar a uno de los sectores clave de la economía valenciana.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se quedó para darle al botón del «sí». No siempre lo hace, en muchas ocasiones se levanta después de la sesión de control para continuar con su agenda pública aunque haya votaciones.

La tasa turística se hubiese aprobado sin un solo aplauso si no llega a ser por el diputado popular, Alfredo Castelló, que animó a los partidos del Botànic a hacerlo. Tímidamente y con algún diputado socialista sin sumarse, sonaron los aplausos en la Cámara.

Minutos más tarde se aprobaba también la Ley del Cambio Climático y Transición Ecológica. Tampoco en esta cuestión había quórum. Durante la tramitación parlamentaria, los socialistas plantearon en solitario varias enmiendas para rebajar el impacto fiscal que en el sector azulejero tendría el impuesto previsto en ley que grava las emisiones de dióxido de carbono que emiten las empresas.

Propusieron una exención de del impuesto a las empresas que emitiesen hasta 25.000 toneladas de CO2 al año. Compromís y Unides Podem lo rechazaron porque el impuesto se quedaría sin aplicar. Al final, la solución pactada fue que las empresas pudiesen desgravar durante cinco años si justificaban que estaban invirtiendo en eficiencia energética.

También se estableció una deducción de hasta el 100 por ciento del impuesto a las emisiones para las empresas que emitan menos de 20.000 kilotoneladas de CO2 al año.

En cualquier caso, a partir del 1 de enero de 2025, se aplicará este impuesto a las empresas y también dos nuevos. Uno por las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica y otro por el volumen de vehículos que acceden a establecimientos comerciales implantados en grandes superficies.

En la práctica, tras la votación de ayer, en la Comunitat Valenciana hay cuatro nuevos impuestos creados a medio año de las próximas elecciones. Pero ni con estas Compromís tuvo ayer suficiente.

La síndica Papi Robles insistió al presidente de la Generalitat con la creación de la Agencia Valenciana de Energía. Le recordó que debía cumplir los acuerdos firmados y que solo con este organismo se garantiza no solo el impulso a las energías renovables, sino también que todos los valencianos puedan tener acceso a la energía.

Esta reivindicación molestó en la bancada socialista. Puig, sin elevar el tono, le contestó a Robles que no ese organismo no era necesario para impulsar la soberanía energética.

No obstante, los socialistas acusan a Compromís de utilizar este ente para seguir presionando sin tener motivos. Apuntan a que ya existe un anteproyecto de ley para regularla, que está en manos de la Conselleria de Economía y que cuenta con el visto bueno del Consell.

Sin embargo, desde la formación nacionalista insisten en que si no aprueban la enmienda a través de la ley de acompañamiento no da tiempo a que se apruebe durante esta legislatura, algo a lo que no están dispuestos a ceder.

En clave nacional

Mientras los socios de Gobierno aireaban sus diferencias en público, el PP apuntó a Puig en clave nacional. La portavoz del PP en Les Corts, María José Catalá, calificó la jornada como «día de la rendición» por varios motivos. En primer lugar porque en el Congreso votó en contra de las enmiendas del PP que piden aumentar las inversiones en la provincia de Alicante en 628 millones y otros 300 para la ciudad de Valencia.

También porque se crean nuevos impuesto que van contra los sectores productivos y por último, por haber callado ante la «tropelía legal» que supone la ley del «solo sí es sí».

Instó a todo el Gobierno valenciano a poner «Perdón» en la pancarta de la manifestación del Día Contra la Violencia de las Mujeres. «Ha pasado de ser el primero de los valencianos a ser el primero de los sanchistas».

El momento de mayor tensión se produjo cuando el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, acusó al diputado de Ciudadanos Fernando Llopis de cruzar una “línea roja” al afirmar que los socialistas tienen “las manos manchadas de sangre”, y ha considerado que “todo en democracia tiene un límite”.

Puig respondidó personalmente en la sesión de control en Les Corts a una repregunta de Ciudadanos -a las que habitualmente contestan los vicepresidentes o los consellers-, después de que el diputado Fernando Llopis dijera: “No sé quienes serán los amigos de la señora Merino (la síndica de Cs), pero seguro que no tienen las manos manchadas de sangre como los de su partido”.

El presidente de Les Corts, Enric Morera, le pidió que retirara sus palabras, pues decir que “el Partido Socialista tiene las manos manchadas de sangre es impropio de este hemiciclo” y “no se corresponde con la realidad”, a lo que Llopis ha respondido que había dicho que eran “los amigos del PSOE”. Morera ha anunciado que esa expresión será retirada del diario de sesiones, porque “no toca”.