Ximo Puig se desmarca de la ley del Cambio Climático que ha aprobado su propio Gobierno

La tramitación del proyecto de ley del Cambio Climático volverá a dividir a los partidos que conforman el Gobierno valenciano. El bloque de izquierdas se partirá, una vez más en dos. Por una parte, Compromís y Unides Podem y por la otra, el PSPV.

El problema no es nuevo. El texto aprobado por el Consell prevé la aprobación de tres nuevos impuestos. Uno sobre emisiones de dióxido de carbono en los vehículos de tracción mecánica, otros sobre emisiones de gases invernadero a la atmósfera y un último para grandes instalaciones comerciales.

Sin embargo, los socialistas han presentado un paquete de enmiendas para que la norma no penalice a las empresas, pues entienden que ya están realizando el esfuerzo necesario para reducir sus emisiones pero, que en muchas ocasiones, lo que ocurre es que es imposible hacerlo más rápido.

Así lo ha defendido la síndica del PSPV, Ana Barceló, que ha insistido en que la norma «no pretende ser impositiva» y en que «en todos los sectores hay una conciencia elevadísima» para contribuir a mitigar la emergencia climática.

Ha argumentado que las enmiendas presentadas se deben al contexto actual de inflación y a la necesidad de que la cerámica no pague nuevos impuestos cuando ya lo hace por emitir gases contaminantes. «Sería una doble imposición».

Los socialistas proponen cambiar un artículo de la ley para que todas las instalaciones que emitan menos de 25.000 toneladas de dióxido de carbono al año estén exentos del impuesto sobre la emisión de gases de efecto invernadero. Además, solicitan que no se grave a aquellas pequeñas y medianas empresas que únicamente están sujetas a una licencia municipal.

De aprobarse estos tres impuestos no serían efectivos hasta 2025, puesto que la ley contempla una moratoria.

Desde Compromís asisten sin demasiada sorpresa a esta situación. Explican que con la propuesta socialista no habría ninguna empresa que tuviese que pagar y remarcan que se calcula que afectará a 47, principalmente del sector azulejero, y que la recaudación obtenida rondaría los 500 millones de euros.

Con estos argumentos, la portavoz de la formación nacionalista, Papi Robles, se ha mostrado tranquila y ha dado por hecho que el PSPV será «fiel y honesto» a los acuerdos del Botànic.

Ha remarcado que los tres grupos han planteado muchas enmiendas conjuntas «para enriquecer una propuesta que debe ir hacia una transición ecológica justa, quien más contamina debe pagar un poco más».

Del mismo modo, desde Unides Podem, Pilar Lima, ha dicho que esta fiscalidad medioambiental es «más urgente que nunca».

La ley debe aprobarse antes de que acabe este periodo de sesiones y las enmiendas se debatirán en las próximas semanas. Queda por ver, no solo la negociación del Botànic, sino también si el PSPV acepta la oferta del PP, que está dispuesto a hablar para que estos impuestos no salgan adelante.