El juicio del caso Alquería queda visto para sentencia cuatro años después de las detenciones

El juicio del llamado caso Alquería, en el que se ha analizado el supuesto “enchufe” de varios afiliados o simpatizantes del PSPV-PSOE y Compromís como altos cargos de la empresa pública Divalterra, ha quedado visto para sentencia este miércoles, más de cuatro años después de una espectacular operación policial que incluyó la detención de los principales investigados.

A lo largo de 34 sesiones -entre el 19 de septiembre y el 30 de noviembre-, se ha alimentado un debate sobre quién tuvo la responsabilidad de la contratación de nueve directivos, que ha virado del enchufismo más temerario al simple error o la duda razonable sobre el proceso administrativo seguido.

Los procesados

El tribunal deberá ahora decidir si el expresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez; el que fue su jefe de gabinete, Ricard Gallego; el asesor Manuel Reguart, y los dos exgerentes de Divalterra Agustina Brines (Compromís) y José Ramón Tiller (PSPV) son merecedores o no de los ocho años de prisión que reclama la Fiscalía, el PP y la Asociación Cívica contra la Corrupción (que unificaron sus criterios).

Para los siete altos cargos contratados piden seis años de prisión, y otros tantos para el letrado-asesor de Divalterra, Jorge Cuerda, y el también gerente Xavier Simón.

Las acusaciones son por supuestos delitos de prevaricación y malversación en su modalidad continuada, tráfico de influencias y organización criminal, supuestamente materializados en contratos de altos directivos para la empresa pública Divalterra, con un perjuicio estimado de 1,1 millones de euros (cantidad que hace referencia a los salarios de esos altos cargos).

Malversación en el punto de mira

Precisamente, esta consideración de los salarios de los altos cargos como constitutivos de un delito de malversación ha sido uno de los aspectos más controvertidos de todos los debatidos en el juicio, más aún en un contexto de debate político sobre la conveniencia de revisar este tipo delictivo en el supuesto de que la apropiación de fondos públicos no conlleve un enriquecimiento personal.

El fiscal sostuvo que primero Imelsa y después Divalterra “siempre fue un chiringuito” y responsabilizó directamente a Rodríguez de dirigir el proceso de pacto político, negociación y propuesta de los directivos a contratar, al menos los de la parte socialista.

Rodríguez señalado como máximo responsable

“Los nombramientos vinieron de Presidencia de forma expresa, como aseguró Agustina Brines -cogerente- en fase de instrucción”, apuntó el fiscal Anticorrupción, quien cree que las áreas de responsabilidad de esa alta dirección se definieron exclusivamente para “vestir estas contrataciones”.

Esos contratos “nunca pasaron por el consejo de administración, porque se conocía la opinión contraria a los mismos del letrado, que hubiese reparado en ellos por su ilegalidad, y se hizo todo lo posible para evitarlo”.

“No se trata de pagar por ir a trabajar, sino de si ese trabajo es adecuado, motivado y necesario para la empresa. Los contratos de alta dirección fueron una argucia legal, una ficción, para sustraerse a la normativa legal” y “colocar” a miembros del PSPV-PSOE y Compromís, señaló tajante.

Igualmente, las acusaciones populares -cuya presencia en el juicio ha estado constantemente discutida por las defensas- han reclamado una sentencia ejemplar para poner freno al enchufismo y a la “impunidad de la corrupción, que es un crimen en sí misma”, como señaló la letrada de la Asociación Cívica contra la Corrupción.

Las acusaciones señalaron también los vínculos directos que a su juicio existen entre un buen número de procesados y dirigentes políticos como Joan Lerma, Ximo Puig, Joan Ribó y Mónica Oltra.

Por el contrario, las defensas han argumentado que Jorge Rodríguez siempre tuvo a su disposición la posibilidad legal de contratar al menos 11 asesores más, y que en caso de haber pretendido “comprar voluntades” podría haberlo hecho de esta forma, pero en cambio, sostienen, prefirió suprimir estos contratos y ahorrar a las arcas públicas una cantidad muy similar a la apuntada por el fiscal como perjuicio para el erario.

El foco sobre Vera

Otro punto de encuentro para las defensas fue la figura del exresponsable jurídico de Divalterra, José Luis Vera, como supuesto avalista de la legalidad de los contratos, aunque en su comparecencia en el juicio como testigo lo desmintiese.

Su nombre se ha reiterado hasta el infinito en la sala de vistas, tanto por su colaboración con la Fiscalía Anticorrupción en el caso Imelsa como por su caída en desgracia y detención en el marco del caso Azud, en el que supuestamente actuaba como comisionista en oscuras tramas urbanísticas.

En el capítulo de peritos-testigos, tanto la interventora de la Administración General del Estado como dos peritos del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros (COSITAL) constataron que no hubo expediente de contratación de los altos directivos de Divalterra y que se incumplieron los preceptos de igualdad, mérito y capacidad.

Sin embargo, expresaron opiniones dispares sobre otras cuestiones de trascendencia en esta causa, como si se debió haber dado transparencia y publicidad al proceso o sobre la trascendencia jurídica de la existencia de un consejo de dirección informal que se reunía de forma previa a los consejos de administración de Divalterra.

El testimonio del policía responsable de la UDEF que redactó los informes que obran en la causa -y al que las defensas han tratado de desacreditar hablando del policía biólogo por su formación académica- fue tajante al afirmar que Rodríguez tenía “conocimiento absoluto de la arbitrariedad de las contrataciones”.