Las ITV piden a Puig que medie ante las decisiones “ilegales” de Climent

Las empresas concesionarias de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) han pedido al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que medie para que el conseller de Economía, Rafa Climent, reconsidere las últimas decisiones relativas a la reversión del servicio, que consideran “precipitadas e ilegales”.

La asociación que agrupa a las concesionarias, AECOVA, solicita quince meses de prórroga para realizar “una transición tranquila” que permita “el correcto funcionamiento” de esas estaciones, según ha puesto de manifiesto en una rueda de prensa para exponer la situación de las ITV en la Comunitat Valenciana.

El plazo de prórroga que solicitan se justifica para compensar la reducción de ingresos derivada de la eliminación de la prueba de ruido.

El proceso de reversión del servicio ya se encuentra en un periodo de prórroga, tras la finalización de los contratos el pasado 31 de diciembre, gracias a la prolongación de entre 55 y 62 días concedida por la Conselleria de Economía, de manera que las empresas continuarán prestando el servicio hasta el 24 de febrero o el 3 de marzo, según los casos.

Esa ampliación se decidió por el periodo en que las estaciones de ITV estuvieron cerradas durante el periodo de confinamiento por la pandemia y, cuando concluya, el servicio pasará a ser gestionado por la Conselleria de Economía, que ha creado la sociedad pública de ITV, dirigida por Josep Antoni Albert.

AECOVA ha solicitado una reunión urgente para fijar la finalización de las concesiones de manera “sentada y razonable”, y evitar así “un colapso que se ve inminente y que afectará a la ciudadanía”, asegura.

A su juicio, el conseller de Economía está tomando “decisiones precipitadas e ilegales, carentes de proporcionalidad y que resultan contrarias a derecho”, y consideran que serían necesarios seis meses de preparación para la transición de la gestión privada a la pública y personal especializado para ejecutarla.

Critican que la sociedad pública de ITV se constituyó “catorce meses después de lo previsto (hasta el 13 de noviembre no se nombró al nuevo gerente)”, por lo que llevan “un retraso considerable” en el calendario de la reversión propuesto por la consultora a la que adjudicaron el contrato sobre las actuaciones.

AECOVA asegura que la zona sur de la provincia de Alicante se va a quedar “completamente desatendida” de estaciones y de ITV móvil desde el 3 de marzo, y municipios como Santa Pola, Pilar de la Horadada, El Campello, Elda, Monóvar, Calpe, Orihuela, Novelda y Renován se quedarán sin estación próxima, con impacto en más de 300.000 conductores.

Sobre la eliminación de la prueba de ruido, opinan que va en contra de la economía circular, de las directivas europeas, de la Conselleria de Medio Ambiente, de la racionalidad financiera y del convenio suscrito con las concesionarias, y motiva una modificación radical de las condiciones del contrato que cifran en una reducción del 20 % de los ingresos y de entre el 60 y el 80 % de los beneficios.

Recursos de Aecova

La asociación ha presentado recursos de reposición y escritos técnicos para defender su vocación de servicio público. Han recurrido la resolución del 16 de diciembre de 2022 que recoge la prolongación de los suministros esenciales poniéndolos a disposición de la Generalitat hasta el 30 de junio.

Y van a recurrir la resolución del 23 de diciembre de 2022 por la que asignan la prórroga partida (24 de febrero unas estaciones y 3 de marzo en otras, según aseguran) ante las dificultades técnicas de desgajar distintos periodos de prórroga, las desigualdades que generan y la imposibilidad técnica para una correcta gestión.

En cuanto a los escritos técnicos, han elaborado un documento que recalcula la prórroga en 15,3 meses adicionales y advierte de las complicaciones técnicas de la asunción “prematura” de la gestión pública del servicio.