Llevan meses reclamando que no es de recibo una expropiación sin compensación de las tierras para aquellos agricultores que han visto como el río se ha comido literalmente sus campos tras la dana, pero desde el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) no contestan.

Los dos principales sindicatos agrarios de la Comunitat Valenciana, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) y La Unió Llauradora han denunciado públicamente el silencio del Ministerio sobre las parcelas que pasarán a ser de Dominio Público Hidrográfico (DPH), es decir, que pasarán a formar parte del río tras haberse ensanchado.

Ya en mayo, AVA-Asaja comenzó a formar un grupo de afectados por esta decisión tras conocer por parte del Ministerio de Agricultura una lista inicial que aseguraban "se iba a ampliar mucho" que identificaba 1.159 parcelas de "tipo C" de "titulares de explotaciones agrarias... colindantes con cauces públicos que estén gravemente afectados", junto con un mapa que indicaba la "superficie estimada de dominio público hidrográfico tras la dana".

La Unió Llauradora ha calculado que son alrededor del 6% de las parcelas afectadas y desde AVA-Asaja aseguran que hay "decenas" de agricultores inscritos para reclamar algo que desde el Gobierno no les han garantizado: que les paguen por sus terrenos si pierden la titularidad.

Desde AVA-Asaja afirman que ya tuvieron que reclamar las ayudas por pérdidas al Ministerio de Agricultura, quien tras mucha insistencia pagó por los cultivos perdidos aunque "muy por debajo del valor de mercado", pero por el momento no han recibido respuesta sobre si cobrarán por sus tierras.

"No se ha aprobado aún, nos han dicho que lo estudiarían pero se está acabando el verano y no han dicho nada", dicen desde AVA-Asaja a LA RAZÓN. Desde La Unió Llauradora hablan en los mismos términos y reclaman una compensación "justa y proporcional" que incluya "el valor patrimonial del suelo, la pérdida de capacidad productiva y el perjuicio económico generado" y que se conserven los derechos de ayuda directa de la PAC y de riego para su uso en otras parcelas.

Uno de los afectados entrevistados por LA RAZÓN, Enrique Grau, tenía un campo con 600 plantaciones de caquis que ahora es un páramo de rocas y agua donde no se puede volver a cultivar y que entra dentro del futuro DPH. "El seguro me ha pagado un año cosecha, pero igual que a cualquier otro que el año que viene sí podrá plantar, yo ya no", alegaba, diciendo que si no pagaban "no era una expropiación, sino un robo".

El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, ha remitido hoy una carta a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), a la nueva comisionada de la dana del Gobierno, Zulima Pérez, y al Miteco, exigiendo una respuesta. Si no, ya se plantean protestas.

"Si no nos dicen nada no descartamos en septiembre comenzar con movilizaciones de afectados y pedir dimisiones de responsables en la CHJ y el Ministerio", avisan. La paciencia de los agricultores se acaba.