El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, se sometió este viernes, por fin, a las preguntas de los periodistas. Lo hizo justo después de estar declarando durante diez horas como testigo por lo que vio, dijo y gestionó el pasado 29 de octubre. Desde ese día había permanecido callado, incluso podría decirse que escondido. Una etapa que, según dijo ayer, ha llegado a su fin, pues se comprometió a atender a los medios en el futuro y también a conceder entrevistas. En LA RAZÓN estaremos encantados de realizarle una. Teniendo muchas preguntas para usted.

Y aunque esta circunstancia resulte importante, es solo una anécdota después de volver a comprobar, gracias a las afirmaciones que Polo realizó ante la jueza, que lo que más falló aquel día fue el respeto institucional entre los diferentes organismos públicos. ¿El motivo? Puramente político.

La Generalitat está gobernada por el PP y el Gobierno central por el PSOE. Eso implica que una entidad como la CHJ tiene al frente un presidente que ha puesto el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ni la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ni Miguel Polo, se desplazaron al Cecopi cuando, a las 17 horas, quedaron convocadas por la entonces consellera de Justicia, Salomé Pradas. Mejor no juntarse. Cada uno en su sitio y si no hay conexión, pues ya se arreglará, y si a Polo, como él dijo este viernes, se le queda el micro apagado cuando quiere mostrar su desacuerdo por el contenido del Es-Alert, mala suerte.

Pradas, antes de llegar a ser la responsable de Emergencias, había sido consellera de Medio Ambiente. No solo había tenido trato con Polo, sino que además, había iniciado una batalla por los caudales de L’ Albufera. Su relación era tan mala que, cuando hubo que llamarlo, le pide a alguien que lo haga por ella.

Cada vez está más claro que hubo demasiadas cosas que se hicieron muy mal, pero también que, si todos los implicados hubieran sido del mismo color político, la magnitud del desastre hubiera sido menor.