Guardamar perderá las casas de playa Babilonia

Propietarios de viviendas ubicadas en Playa Babilonia, en Guardamar del Segur (Alicante), están en pie de guerra contra el Gobierno central porque sus viviendas, ubicadas enfrente del mar, se van a derribar. Se trata de casas de planta baja que están en suelo de dominio público marítimo terrestre, es decir, que sus dueños disfrutan de una concesión administrativa por parte del Estado, que se otorgó en 1934, sobre el terreno en el que están edificadas. La razón para demolerlas es que la Ley de Costas de 1988 especifica que dicha concesión no puede durar más de 30 años, por lo que expiró en 2018.

Obviamente, el fin de la concesión sublevó a los propietarios del centenar de casas ubicadas allí, según explica el abogado Manuel López, secretario de la Asociación de Vecinos Guardamar Playa. Agrega que está previsto que se derriben 65 de un total de 100 viviendas.

Aunque el plazo para demolerlas se desconoce, las 1.000 personas que disfrutan de un lugar privilegiado frente al mar -cada casa la ocupan entre ocho y diez personas- consideran que el próximo verano será el último que pasen en ellas.

López aclara que, una vez el Servicio Provincial de Costas de Alicante se dispone a ejecutar las demoliciones de estas pequeñas viviendas, construidas a principios del siglo XX, los propietarios al menos han arrancado un compromiso para que esto no ocurra hasta el mes de septiembre. A sus espaldas, la Asociación de Vecinos de Guardamar Playa, a la que representa Manuel López, carga con periplo por los tribunales para lograr frenar el derribo. Un periplo que concluyó a finales del año pasado, cuando el Tribunal Constitucional rechazó el recurso para frenar el procedimiento.

Las casas se encuentran a apenas 700 metros del mar, estando algunas de ellas en mal estado de conservación.

Una de las razones esgrimidas para demolerlas es precisamente la regresión de la playa, es decir, el avance del mar que ha ganado terreno a la arena. López agrega que "el Estado justifica la demolición por la regresión de la playa, pero en ningún caso se ha hecho nada por evitarla". "Las casas tienen valor sentimental" para la mayoría de los propietarios, al ser su "hogar" durante buena parte del año.

El siguiente paso, añade López, es ejecutar el acto administrativo que ordena su demolición "de manera voluntaria". "Ya se están pidiendo presupuestos para acometer esos derribos por parte de los dueños de las viviendas, porque si no lo hacen y el Estado se encarga de ello, el importe que tendría que pagar cada propietario podría ser más elevado".

Cuando se otorgó la concesión administrativa en 1934 se hizo para proteger la pinada de Guardamar y apuntalar las dunas.