López Miras anuncia que tramitarán como proyecto de ley el decreto de vivienda asequible que tumbó la alianza entre PSOE y Vox

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado durante el Pleno de Control de la Asamblea Regional que el Gobierno regional tramitará como proyecto de ley la norma de vivienda después de que el Decreto-ley 3/2025, de medidas urgentes en materia de vivienda y ordenación urbanística, no fuera convalidado en la Asamblea la semana pasada por el rechazo de los grupos de oposición. López Miras ha acusado a la oposición de haber "bloqueado 25.000 viviendas asequibles para jóvenes y familias" y ha asegurado que el Ejecutivo "no se va a detener por los intereses partidistas de PSOE y Vox", defendiendo que "la Región de Murcia necesita soluciones reales y urgentes en materia de vivienda".

El presidente ha recordado que la norma "había sido dialogada y consensuada con colectivos y agentes del sector" y que "movilizaba suelo, acortaba trámites, aportaba seguridad jurídica y revitalizaba los cascos antiguos y las urbanizaciones inacabadas". Según ha dicho, la oposición "ha dado un portazo sin justificación a una ley que ofrecía oportunidades reales a miles de familias", pero el Ejecutivo "no va a resignarse a paralizar las medidas necesarias para que los jóvenes puedan emanciparse". Por ello, ha avanzado que el Gobierno regional "ya ha iniciado los trámites para registrar de inmediato la Ley de Vivienda Asequible como proyecto del Ejecutivo" y que "acortará los plazos al máximo para que llegue cuanto antes a la Asamblea".

El portavoz del PP, Joaquín Segado, ha insistido en que la derogación del decreto "ha devuelto a la incertidumbre los proyectos municipales" y "ha hecho que las parcelas públicas que iban a destinarse a vivienda vuelvan al laberinto de trámites". Ha acusado a los grupos de la oposición de haber actuado "contra los jóvenes y las familias que buscan una vivienda" y de haber "rechazado un instrumento útil y eficaz para reducir precios y facilitar licencias". Segado ha recordado que el PP "ofreció tramitar el texto como proyecto de ley para corregir lo necesario mediante enmiendas", pero "PSOE y Vox decidieron ignorar esa vía de diálogo".

La sesión ha incluido también preguntas sobre sanidad, seguridad y medio ambiente. La portavoz del PSOE, Carmina Fernández, ha denunciado que "1.223 mujeres en la Región de Murcia no tienen fecha para hacerse una mamografía", y ha acusado al Ejecutivo de "falta de transparencia por ocultar los datos del programa de cribado de cáncer de mama desde 2022". Fernández ha reprochado a López Miras que "haya prometido ampliar el cribado a las mujeres entre 45 y 74 años y luego haya admitido que no podrá hacerlo hasta 2027", advirtiendo de un incremento del 33 por ciento en las demoras y pidiendo una comisión de investigación sobre los retrasos.

López Miras ha negado la existencia de listas de espera en el programa de cribado y ha defendido que "todas las mamografías solicitadas por los médicos de atención primaria o especializada se están realizando en una media de 19 días". Ha acusado al PSOE de "difundir falsedades sobre un tema tan sensible como la salud de las mujeres" y ha rechazado las críticas socialistas, asegurando que "quien le falla constantemente a las mujeres es el Partido Socialista, el de la ley del 'solo sí es sí' y el que ha ocultado casos de violencia de género".

Por su parte, el portavoz de Vox, José Ángel Antelo, ha denunciado un aumento de los delitos en la Región, citando un incremento del 33 por ciento en homicidios y del 25 por ciento en agresiones sexuales, y ha vinculado esa situación a la inmigración ilegal. Ha acusado al Gobierno regional de "llenar la Región de centros de inmigrantes ilegales" y ha asegurado que "ya no hay barrio libre de inseguridad ni de ocupaciones". López Miras le ha respondido que "la seguridad es una competencia exclusiva del Estado", y ha defendido que el Ejecutivo regional "ha hecho todo lo que está en su mano" con el plan Región de Murcia más segura, dotado con 120 millones de euros, que prevé la incorporación de 3.000 policías locales, nuevas comisarías y más medios materiales.

Finalmente, la portavoz del Grupo Mixto (Podemos-IU-AV), María Marín, ha preguntado qué medidas se han tomado desde la dana de 2019 para evitar nuevas inundaciones en el Mar Menor y ha acusado al Gobierno de "no tener ni un plan antiinundaciones ni un plan de ordenación territorial". Marín ha advertido que "la derogación de la moratoria urbanística en 2023 ha dejado la zona más expuesta a posibles desastres". López Miras ha replicado que la Comunidad "ha invertido más de 75 millones de euros en colectores de pluviales y tanques de tormenta en Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco y Playa Honda", y ha asegurado que "estas infraestructuras han evitado que 200.000 metros cúbicos de agua con arrastres llegaran al Mar Menor". Además, ha reclamado al Gobierno central y a la Confederación Hidrográfica del Segura que actúen "en los cauces y en el dominio público hidráulico, donde la Comunidad no tiene competencias".