Los números de la inversión tras la dana: la Generalitat destina cinco veces más que el Gobierno por habitante a la reconstrucción

Un año después de la tragedia, los números reflejan la inversión y dedicación a reparar las consecuencias de la riada en la provincia de Valencia. La Generalitat valenciana ha dedicado 2.561.699.000 euros entre contratos de emergencia, dotación presupuestaria para ayudas directas y otras actuaciones para paliar los efectos de las riadas. Si contamos los casi 5,5 millones de habitantes que tiene la Comunitat valenciana saldría a una inversión de 453 euros por cada contribuyente.

Ahora podemos fijarnos en los números del Gobierno de España. En total ha comprometido 16.600 millones de euros, pero de ellos ha pagado menos de la mitad, 8.000 millones de euros de los que se vanagloriaban Pedro Sánchez en Bruselas la semana pasada. Si contamos todo el dinero comprometido entre los 49,3 millones de españoles, saldría a una inversión por ciudadano de 336 euros, menos de media, pero si encima consideramos que el impacto real son de 162 euros por contribuyente a nivel nacional.

Todo ello sin restar las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), un total de 3.761 millones de euros, que se corresponden a los bienes o personas asegurados que se han visto afectados por riesgos extraordinarios como en el caso de la dana. Si restáramos los 8.000 millones de euros a ello nos quedaríamos con 4.239 millones de euros, que divididos entre la población española saldría a casi 86 euros por persona. Es decir, cinco veces menos que el Consell.

A ello se suma, como reclaman desde el Ejecutivo que lidera el presidente Carlos Mazón, que han afrontado estos pagos sin más ayuda que la de un préstamo extraordinario que han debido solicitar para cubrir el déficit del año anterior, ante la negativa a aprobar el Fondo de Liquidez Autonómica Extraordinario (extra FLA) por primera vez doce años después para compensar la infrafinanciación y la nula inversión a fondo perdido.

Críticas a la falta de inversión

No solo eso, sino que un año después las tareas que debería hacer el Gobierno de España y las instituciones a su cargo como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) como es la limpieza de barrancos, la ejecución de obras hidráulicas o las alertas tempranas están siendo adelantadas en parte por ayuntamientos, la Diputación de Valencia y la propia Generalitat. Esta misma semana el Ayuntamiento de Valencia ha instalado cámaras en el nuevo cauce del río Túria, algo que ya había hecho Paiporta y hará Catarroja que ya ha instalado altavoces a modo de alerta.

La mayor urgencia está en el conocido como Sistema de Alerta Temprana (SAT) que la entonces vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, dijo que iba a encargar para la CHJ el 20 de noviembre y aún no se ha instalado como refuerzo del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH). "Los sistemas de alerta temprana salvan vidas", avisaba Ribera, pero aún así la CHJ sigue sin contar con ellos como sí hace la Confederación del Ebro, una inversión que tampoco es cuantiosa y desde la Generalitat critican que "supone menos de medio millón de euros".

Una medida que además los expertos han reclamado que "hay que contratarlo de forma inmediata". Los ingenieros de caminos han reclamado además celeridad ante la "tediosa burocracia" para ejecutar las obras hidráulicas necesarias para protegerse ante futuras riadas. Un año después, ninguna está licitada, a pesar de las promesas de la sucesora de Ribera, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, que dijo en mayo en Valencia que el objetivo era que la licitación de las obras comenzase en 2025 para que en 2026 se pudiesen ver ya los avances.

Por el momento la que más avanzada está es el desvío del barranco de La Saleta, un proyecto para desviar hasta 130 litros por metro cuadrado del centro del municipio en un túnel subterráneo para conectarlo con el Plan Sur. Una cantidad no muy cuantiosa pero que ha generado revuelo durante décadas y que, a pesar de estar en fase de exposición pública y que debería entrar en licitación a principios de 2026, el propio alcalde de Aldaia dice que "hasta que no vea las máquinas, no me lo creo".

Un año de números, narrativas y contranarrativas pero donde los números dejan clara la inversión de unos y otros.