La Fiscalía pide 4 años y 10 meses de prisión para Francisco Javier Puig, hermano del expresidente de la Generalitat Ximo Puig, por un delito de falsedad documental continuada en concurso medial con un delito de estafa agravada, por presuntamente emitir facturas falsas para cobrar subvenciones en un entramado que comenzó a desarrollarse en 2015, año en que la coalición de izquierdas liderada por los socialistas valencianos accedió al poder gracias a un Gobierno de coalición que compartieron con Compromís.

El escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, describe cómo Francis Puig junto a Juan Enrique Adell Bover desarrollaron a través de varias empresas de comunicación un procedimiento para acceder a subvenciones por el uso del valenciano procedentes tanto de la Generalitat valenciana como de la catalana.

Básicamente, el delito de fraude consistiría en inventar facturas y gastos e incluso falsear materiales audiovisuales para proceder al cobro de subvenciones públicas por contenidos que nunca llegaron a existir o por gastos que, según la Intervención de la Generalitat valenciana, no eran «subvencionables».

Entre las más llamativas, la Fiscalía señala que se intentaron justificar trabajos que se hacían en castellano o archivos creados con fecha posterior a la convocatoria de las ayudas, o incluso la presentación de facturas de alquiler de un inmueble en cuya dirección únicamente existe una huerta y un almacén, instalaciones donde es obvio que no se pueden desarrollar la actividad de producción audiovisual.

De forma subsidiaria, el Ministerio Público solicita a Francis Puig, por el delito de falsedad continuada en concurso real con un delito de apropiación indebida, dos años y seis meses de prisión, y otros tres años de cárcel por el de apropiación indebida agravada.

Querella del PP

Fue el PPCV, concretamente la entonces diputada autonómica Eva Ortiz y ahora senadora, la que inició este caso presentando en un juzgado de Valencia en marzo de 2019 contra el entonces director general de Política Lingüística de Compromís, Rubén Trenzano, y contra Francis Puig, por presunta prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en esas subvenciones.

El objeto de la querella eran las ayudas de la Generalitat al valenciano en medios de comunicación de 2015 y 2016 a Comunicació dels Ports y Mas Mut Producciones, empresas en las que Francis Puig era administrador.

El ritmo judicial no acompañó al político y mientras el PP atizaba con esta cuestión desde la oposición, se seguía investigando el caso. No fue hasta enero de 2025, cuando la coalición de izquierdas ya había sido desalojada por la derecha de la Generalitat, cuando se conoció el auto de procesamiento abreviado contra Francis Puig y Adell por hechos que podrían ser constitutivos de delitos de estafa y falsedad documental.

El juez descartó el de fraude en las subvenciones, puesto que la cantidad supuestamente percibida irregularmente, unos 67.500 euros, no alcanza la cuantía de 120.000 euros que requería el tipo penal vigente en el momento que se produjeron los hechos.

En el escrito conocido ayer, la Fiscalía solicita para Puig una responsabilidad civil directa y estima que debe ser condenado a indemnizar a la Generalitat Valenciana con la cantidad de 58.866 euros, y a la de Cataluña con 51.825 euros, e indica que el total defraudado con Mas Mut Produccions SL en el periodo comprendido entre los años 2015 y 2018 asciende a 110.691 euros.

Desde el PP señalaron ayer a Compromís por no haber actuado con diligencia, pues no solo estas ayudas dependían de la Consejeria que dirigía el ahora eurodiputado Vicent Marzà, sino que no reclamaron la devolución de las mismas aludiendo a que había se había producido un «problema administrativo».

Para los socialistas, este caso no tiene nada que ver con la gestión realizada por el Consell que presidió Ximo Puig, que tuvo «cero casos de corrupción». El portavoz del PSPV en Las Cortes, José Muñoz, recordó que hay dos ex presidentes del PP condenados.