La última voluntad de José Antonio: Una querella contra Fernando Simón dos días antes de morir

José Antonio engrosa la lista de víctimas de coronavirus menores de 65 años. Tenía 59 años y una patología previa. Su historia pone nombre y rostro a la última cifra de fallecidos: 367 en las últimas 24 horas. Pero lo que la hace diferente es que él y su mujer, Cristina, se querellaron contra la cúpula de la Dirección General de Salud Pública, dos días antes de morir, víctima del coronavirus. Acusan a Fernando Simón, las directoras de Salud Pública y de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Pilar Aparicio y Patricia Lacruz, respectivamente, y la responsable de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, María Jesús Lamas por los delitos contra la salid pública, homicidio y lesiones imprudentes, y por omisión del deber de perseguir los delitos. También "por la falta de diligencia a la hora de comprar test y por "la importación y distribución de test que no cumplen la normativa.

José Antonio falleció el jueves convencido de que si hubiera habido test y si hubieran funcionado, no se habría contagiado en un hospital de Barcelona.

Su esposa seguirá adelante con la acción penal si es admitida a trámite.

Aunque falleció en Barcelona, sus abogados presentaron la querella ante las Juzgados de Instucción de Madrid por vía telemática, porque el matrimonio estaba domiciliado en esa Comunidad Autónoma.

El desenlace de su vida empezó el pasado 13 de marzo, cuando el coronavirus se había ido ya de madre y Pedro Sánchez había decidido decretar el estado de alarma. Ese viernes, José Antonio acudió al Hospital Hestia de Barcelona para hacerse una biopsia. A los siete días regresó porque no se encontraba bien por una patología previa y quedó ingresado. Según la querella, al no haber test suficientes, los profesionales que le atendieron estaban expuestos al contagio y ser transmisores, lo que “conllevó” a José Antonio a infectarse.

Los médicos le diagnosticaron un estado “catastrófico” y pronosticaron “un rápido fallecimiento”. El paciente solicitó el alta, que le dieron el 15 de abril, y fue trasladado a su casa “a la espera del fatal desenlace”. El jueves fallecía.

La querella incide en que la OMS había alertado "desde enero de 2020 de los riesgos para la salud pública" de la Covid-19 y subraya que el Ministerio de Sanidad pagó por unos test "fraudulentos”.

Según el demandante, los test defectuosos impidieron que hubiera pruebas eficaces en tiempo adecuado.

En la querella se recalca que el Ministerio de Sanidad pagó por un producto “fraudulento” y se subraya que la OMS había alertado “desde al menos enero de 2020 de los riesgos para la salud pública” de la Covid-19.El escrito apunta la posible existencia de delitos contra la salud pública, por lesiones y homicidio por imprudencia profesional, por la falta de test en sanitarios y por la compra de los que fueron defectuosos.Esos test defectuosos, a juicio de la parte demandante, impidieron que hubiera pruebas eficaces en tiempo adecuado.

La querella pide que se cite como investigados al responsable de la oficina centralizada de compras de productos sanitarios del Ministerio de Sanidad y al administrador de la empresa intermediaria en la compra de los test defectuosos de la compañía china Bioeasy (Interpharma).Y como responsables civiles directos o subsidiarios a las Consejerías de Sanidad de la Comunidad de Madrid y de Cataluña, por ser las responsables de velar por que se cumpla la normativa de expedición de medicamentos y de proveer a los sanitarios de medios de control de enfermedades contagiosas.