María Cristina de Borbón, expulsada de España

El viaje realizado por Juan Carlos I ha desatado una serie de especulaciones y ha dado lugar a la publicación de artículos que buscaban precedentes históricos estableciendo comparaciones poco afortunadas, y olvidando la que tiene mayores similitudes, pero como veremos no demasiadas. A finales del año 1853 resultaba evidente que el modelo político moderado estaba en crisis, y que el poder había pasado a manos del sector más corrupto del partido, los «polacos» a cuyo frente se encontraba Luis José Sartorius, conde de san Luis. Ante la oposición de los progresistas y de amplios sectores del moderantismo, el Gobierno optó por cerrar las Cortes y realizar una purga en el Ejército, completada con el destierro de sus jefes más carismáticos.

Cerradas las vías políticas, la oposición empezó a preparar un levantamiento militar para acabar con el Gobierno. Resultaba evidente que la crisis afectaba también a la Familia Real, tanto por sus intrigas políticas como por su escasa ética en la actividad económica, especialmente en la gestión de las contratas ferroviarias. Finalmente, a mitad de julio de 1854 se inició un rosario de sublevaciones que el Gobierno fue incapaz de controlar. Para atajar la crisis Isabel II llamó a Espartero, quien se encontraba al frente de la Junta revolucionaria que se había creado en Zaragoza. Pero en lugar de acudir personalmente envió a su fiel colaborador el general José Allende-Salazar y Mazarredo, miembro de una importante familia bilbaína y que había perdido a dos hermanos en la defensa de Bilbao contra los carlistas, quien debía transmitir las condiciones del general manchego. Al general vizcaíno se le acusó de haber faltado al respeto a la Isabel II, de lo que se defendió señalando que usó «el lenguaje de la verdad; usé el lenguaje que rara vez se dice en los palacios, y cuando se dice, es con formas sin las cuales podrá parecer a algunos poco respetuoso».

Tras la llegada de Espartero a Madrid quedaba por resolver la cuestión de la reina madre, cuyo palacio había sido incendiado por los sectores más radicales, hecho que Pérez Galdós denominó «la justicia misma en todo su esplendor». Tras el incendio María Cristina se refugió en el palacio real, que estaba custodiado por la Guardia Real y rodeado por las fuerzas que habían luchado en las barricadas. El Gobierno necesitaba resolver esa situación, para marcar los límites a la revolución, con cuyas fuerzas más radicales estaba manteniendo un pulso, ya que deseaba que fuesen sustituidas por la Milicia Nacional, cuya organización se había iniciado. La prensa se hizo eco de los rumores sobre su posible salida, al tiempo que la propia María Cristina intentaba negociar su viaje a Francia. Como consecuencia de ello, la Junta de Salvación, creada durante la sublevación, solicitó reunirse con Espartero quien prometió que no saldría «ni de día ni de noche ni furtivamente». A principios de agosto Isabel II gestionó ante la Embajada francesa la protección para la salida de su madre, pero Espartero no consideró oportuno llevarla a cabo tanto porque había dado su palabra como porque las informaciones que corrían habían alertado a los hombres armados que intensificaron la vigilancia, incluso por los alrededores de Madrid. Por su parte algunos ministros estaban ocupados en convencer a María Cristina de que renunciase a su deseo de salir con todos los honores.

Finalmente, a las siete de la mañana del 28 de agosto salió acompañada por una fuerte escolta en dirección a Portugal, en un momento en que la vigilancia se había relajado. Una circular del Ministerio de la Gobernación, que extraordinariamente estaba firmada por todo el Gabinete, daba cuenta del hecho, una expulsión, y de la anulación de su pensión y de la confiscación de todos sus bienes. Al frente de su escolta se situó al brigadier Antonio María Garrigó, quien había participado en la sublevación junto a O’Donnell. Al conocerse la noticia se inició la agitación en las calles madrileñas y se celebraron varias reuniones del Gobierno y las autoridades locales con quienes protestaban por la medida. Ante la negativa a retractarse (Espartero asumió personalmente la responsabilidad de la decisión) volvieron a levantarse algunas barricadas, pero el encuadramiento de los antiguos combatientes en la Milicia Nacional, y la desmovilización política, hicieron que la repercusión fuese muy limitada y pudiese ser sofocada rápidamente, pues la disidencia quedaba reducida a los demócratas y los republicanos. En febrero del año 1855 las Cortes debatieron la responsabilidad del Gobierno sobre este asunto, siendo aprobado por mayoría el dictamen que señalaba «con el objeto de evitar las complicaciones que podían sobrevenir si por más tiempo permanecía en el país la Reina madre Doña María Cristina de Borbón, el Ministerio presidido por el ilustre Duque de la Victoria obró con previsión y acierto extrañando del Reino A dicha señora, y reteniendo en depósito sus bienes hasta que las Cortes resuelvan lo más conveniente».

Además de esta iniciativa, las Cortes crearon una Comisión de información parlamentaria en averiguación de los hechos que se atribuyen a Doña María Cristina de Borbón. Los trabajos se extendieron a lo largo de un año y medio, y en su dictamen, al que se añadió una larga relación de documentos, se señalaba su culpabilidad relacionada con cuatro cuestiones. Las acusaciones hacían referencia fundamentalmente al aprovechamiento en beneficio propio de contratos de construcción y gestión de recursos, en detrimento de los intereses del país. Cuando posteriormente se creó una comisión parlamentaria para analizar los hechos se centraron en cuatro puntos, a fin de no hacer interminables sus trabajos y deliberaciones.

El primero se refería a la cuestión de la testamentaría de Fernando VII, que resultó caótica, con informaciones muy contradictorias, especialmente en la cuestión de las joyas de la Corona, de lo que la citada Comisión responsabilizaba a María Cristina. El segundo punto era la situación irregular de su segundo matrimonio, que había sido mantenido en secreto, aunque todos los gobiernos lo conocían, hecho que le impedía desempeñar la regencia y la tutoría de acuerdo con la Constitución de 1812 y la de 1837; además en este punto hacían un extenso relato sobre la caótica situación documental del certificado de matrimonio y los de nacimiento de sus hijos. En tercer lugar, se explayaban sobre sus intromisiones políticas tanto desde el exilio como tras su regreso a España. Finalmente entraban en lo que la Comisión consideraba la parte «más repugnante de su encargo», la intervención de distintas empresas económicas.

Las fechas en que finalizó el informe impidieron que tuviese consecuencias por el cambio de gobierno. La primera de estas cuestiones quedó solventada mediante el acuerdo alcanzado, el 29 de enero de 1858, con sus dos hijas del primer matrimonio. María Cristina ya no volvió a residir en España, con lo que quedaba zanjada una de las causas de la impopularidad de su hija, quien tampoco necesitó ninguna ayuda para incrementar el descrédito de la monarquía, y acabó siendo expulsada del país en 1868.

Algunos verán similitudes entre ambos casos, pero creo que tenemos elementos que los diferencian de forma notable. María Cristina había conculcado gravemente la legalidad con su segundo matrimonio que le invalidaba para desempeñar la regencia; había negociado la trasferencia de la Corona a don Carlos a espaldas del Gobierno en 1836; y sus negocios en España implicaron detrimento para las arcas públicas. Otra diferencia es que en aquellos momentos al frente del país se encontraba un gobierno con gran talla política: Espartero, O’Donnell y Allende-Salazar eran tres militares cuyo currículum estaba sellado con su sufrimiento, sus servicios a España y su sangre; Luxán, además de militar era un ingeniero brillante; Pacheco y Alonso dos reconocidos juristas; Collado y San Cruz dos empresarios comprometidos con el liberalismo y el apoyo a la cultura. ¿Tenemos ahora algo parecido?