¿Cerrarán la Plaza de España de Sevilla? El debate llega al Congreso
En la sesión de este miércoles figura una pregunta del PSOE a María Jesús Montero sobre el planteamiento del Ayuntamiento de Sevilla de cobrar la entrada para visitar este espacio patrimonial
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A finales del pasado febrero, se hacía viral la noticia de que la Plaza de España de Sevilla comenzaría a cobrar la entrada, según decidió el Ayuntamiento hispalense explicando que destinarían los fondos a la conservación del monumento. No obstante, no pasó este hecho desapercibido, sino que de ser un proyecto local se convirtió un debate a nivel nacional. El pleno del Congreso de los Diputados celebra este miércoles una sesión, en cuyo orden del día figura una pregunta del Grupo del PSOE a la vicepresidenta primera de Gobierno y ministra de Hacienda, la socialista María Jesús Montero; sobre el planteamiento del Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el popular José Luis Sanz, de cerrar el conjunto monumental de la plaza de España -diseñado por el arquitecto Aníbal González para la exposición iberoamericana de 1929-, y cobrar una entrada a los turistas pero no a quienes acrediten estar empadronados en la ciudad o haber nacido en el conjunto de la provincia.
La pregunta, incluida en el decimoquinto lugar del orden del día, será formulada por el diputado por Sevilla y vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, para que la vicepresidenta primera de Gobierno y ministra de Hacienda se pronuncie en la Cámara sobre "el anuncio del alcalde de Sevilla de privatizar la Plaza de España", ya que Patrimonio del Estado, organismo dependiente de su cartera, es el titular de la galería y del edificio que alberga diversas oficinas públicas. En concreto el Ayuntamiento, titular del espacio de la plaza comprendido entre los bancos de las provincias y la balaustrada, planea proponer al Estado, responsable de los bancos de las provincias, la galería y el edificio de este conjunto declarado bien de interés cultural (BIC), un convenio para cerrar por completo este recinto monumental y cobrar a los turistas una entrada de la que estarían exentos los empadronados en Sevilla y los nacidos en la capital y en la provincia.
Los ingresos de taquilla, según la idea del Gobierno local del PP, se repartirían con un 75 por ciento para las arcas municipales y un 25 por ciento para el Estado, asegurando según el Ayuntamiento el libre acceso ciudadano a las dependencias estatales del complejo, que alberga las sedes de la Delegación del Gobierno en Andalucía, de la Subdelegación, de los servicios de Extranjería, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) o del Cuartel General Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra.
El objetivo, según el Gobierno local del PP, es cosechar ingresos con los que "financiar la conservación" del monumento y "mantener un servicio de vigilancia las 24 horas" del día en el mismo, así como para abrir una escuela de "restauración permanente" para este emblemático monumento de Sevilla, actualmente de pleno acceso público. Una vigilancia que, por cierto, podría ayudar a reducir los actos vandálicos que han ocurrido en varias ocasiones en la plaza sevillana.
La propuesta ha encontrado de momento el rechazo de los empresarios del sector hotelero y de las agencias de viaje, así como la oposición de los sindicatos, de las fuerzas de izquierda y de diferentes agentes sociales, mientras la Asociación para la Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa) ha pedido al Gobierno central que inyecte financiación a la conservación y vigilancia del monumento, para descartar el debate sobre su posible cierre.
El Gobierno central del PSOE y Sumar, de su lado, ha manifestado ya su rechazo frontal a la propuesta, recordando que el monumento acoge dependencias estatales de uso público y considerando que la medida supondría "privatizar" esta plaza. En ese sentido, a la hora de elevar el asunto al Congreso, el PSOE considera que el Gobierno local del PP está protagonizando "una apuesta privatizadora que hace que la ciudad se rija más por el peso del mercado que por el efecto de las políticas públicas". "Nuestro patrimonio tiene una excepcional riqueza artística e histórica, así como una potencia cultural de primer orden que fragua nuestra identidad y que debemos disfrutar y conservar, a fin de transmitir su valor a las sucesivas generaciones. Ese patrimonio histórico también puede constituir, además, la base de un turismo sostenible de calidad y generador de empleo", sostiene el diputado socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.