El Defensor Andaluz lleva años exigiendo protección para la Plaza de España de Sevilla

El debate sobre la conservación de la Plaza de España de Sevilla no es nuevo. Existe una amplia coincidencia en que el monumento necesita más protección y mantenimiento pero hasta la fecha no se ha aportado ninguna solución y todo apunta a que la propuesta del alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, de cerrar el espacio y cobrar por la entrada, tampoco suscita el consenso entre administraciones y el sector turístico.

Uno de las instituciones que más ha lamentado la situación actual del espacio es el Defensor del Pueblo Andaluz que, a través de varias quejas, ha denunciado el abandono que sufre. En marzo de 2019, la Oficina que representa Jesús Maeztu abrió una queja de oficio en la que denunciaba que «podría decirse que la imagen de los valores y atractivos de este entorno monumental resulta ya perfectamente indisociable a su degradación sistemática a través de una presencia absolutamente frecuente de acciones vandálicas».

En el expediente, se advertía que «esta situación dista mucho de ser considerada un hecho aislado, hasta el extremo de que los daños al patrimonio de este entorno dificultan la propia apreciación de sus valores y belleza que quedan rotundamente degradadas. Según se recoge en distintas informaciones, se han abordado varios proyectos de rehabilitación y limpieza que recurrentemente se deben poner en marcha para abordar la sucesión de ataques y destrozos que se ciernen en la Plaza de España».

El Defensor se cuestionaba que no se habían tomado medidas para acabar con este evidente deterioro pese a «la alta frecuencia de estos ataques, la creciente gravedad de sus daños y la decepcionante constatación de la escasa efectividad de los sistemas de vigilancia o seguridad que se anuncian». Y no entendía cómo era posible porque la seguridad del espacio «parecerían más operativas dada la presencia en la misma Plaza de las dependencias que albergan destinos tan significativos para ser custodiados como la sede de la Delegación del Gobierno o del mando de la Región Militar Sur».

El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado entonces por el PSOE, respondió a la queja informando sobre las actuaciones e inversiones realizadas para su conservación. El Defensor admitía el «esfuerzo público en las tareas de reparaciones o restauraciones digno de ser reconocido», aunque constataba «casi de inmediato, la inevitable reflexión acerca de qué proporción de este gasto podría ser evitado si lográramos prevenir actuaciones dañinas de la mano de un esfuerzo de concienciación cívica y, desde luego, con la respuesta ineludible de las autoridades frente a quienes acreditan su escaso respeto a la ley».

Aunque la oficina de Jesús Maeztu dio por buenas las explicaciones del consistorio sevillano y no emitió resolución, concluyó su queja recordando que «hemos de reiterar al Ayuntamiento de Sevilla, así como a las demás administraciones implicadas en estas competencias, la importancia de imprimir continuidad de los proyectos emprendidos y el impulso de las medidas anunciadas, en sus respectivos ámbitos competenciales para la conservación y puesta en valor de estos espacios integrados en la Plaza de España y el conjunto del Parque de María Luisa acorde con su régimen de protección».

El problema, por tanto, no es nuevo y la propuesta del actual alcalde de Sevilla va en la línea de garantizar la conservación y seguridad del espacio. Sin embargo, no ha encontrado el respaldo necesario. La Asociación en Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa) ha reclamado al Gobierno central –titular de la galería y el edificio de este espacio mientras el Consistorio es dueño de la plaza–, que garantice «conservación y vigilancia las 24 horas» en este enclave para descartar su cierre.

No parece probable que haya un acuerdo entre el Gobierno de España y el Consistorio. De hecho, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha cerrado cualquier posibilidad porque el Ejecutivo central «no se va a prestar» a la posibilidad de «privatizar» un «espacio público» como la Plaza de España de Sevilla. Y desde la Delegación del Gobierno en la comunidad se ha lamentado la «deslealtad» del alcalde al no trasladarles su propuesta.

Desde la Junta de Andalucía también se han puesto de perfil y han recordado que la Plaza de España de Sevilla está catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC) y que, debido a las distintas titularidades que ostenta, la posibilidad planteada desde el Consistorio de la ciudad de cerrar el entorno y cobrar la entrada a los turistas requeriría el acuerdo de varias administraciones.

El sector turístico, siempre reacio a cualquier tasa o impuesto que se cobre a los visitantes, también rechaza esa opción. Así, el presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, Manuel Cornax, ha rechazado cobrar por su acceso a los no nacidos en la provincia de Sevilla, y apuestan por otras fórmulas para financiar su mantenimiento como el traspaso de recursos «excedentarios» del Alcázar o la reversión de las tasas aplicadas a los eventos culturales que se celebran junto al monumento.

Sanz no ceja en su empeño e insistió ayer en que se ha marcado como objetivo que «la Plaza de España llegue en perfectas condiciones para ser la gran estrella de la conmemoración de la Exposición Universal de 1929», que se celebrará en 2029, y ha recordado que «es imposible mantener el patrimonio histórico que tiene la ciudad de Sevilla con el IBI que pagan los sevillanos».