El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, al que pertenecen Ávila, Salamanca y Segovia, ha aprobado en la asamblea celebrada en París (Francia) un protocolo "pionero" que trata de responder a los actos vandálicos que puede sufrir el patrimonio cultural. La denominada "Declaración de Salamanca" nace con "vocación internacional", e incluye un catálogo de medidas con sanciones por faltas y delitos contra este patrimonio.

Igualmente, contempla la cuantificación de los coeficientes específicos que se pueden aplicar en el marco de una nueva regulación que califica el coste de la restauración del daño, según ha explicado la presidenta del Grupo y alcaldesa de Santiago de Compostela (A Coruña), Goretti Sanmartín. La delegación de alcaldes y alcaldesas del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad se ha reunido en la capital francesa con el director del Centro de Patrimonio Mundial de Unesco, Lazare Eloundou Assomo, y con el embajador de España en Unesco, Miquel Iceta.

Todos ellos han acordado establecer "líneas directas de colaboración en sostenibilidad y protección" de los cascos históricos, exponiendo los resultados de las jornadas celebradas hace unas semanas en Salamanca contra el vandalismo cultural como un referente de buenas prácticas en materia de conservación patrimonial. Este nuevo protocolo será expuesto en la próxima reunión del Comité de Patrimonio Mundial que celebrará Unesco en París, con la asistencia del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, que ha sido invitado a este foro.

Así, la "Declaración de Salamanca" se constituye como una nueva herramienta para distintos ámbitos competenciales, buscando fomentar "el intercambio de experiencias y estrategias" entre distintos organismos e instituciones, como el Ministerio de Cultura, la Asociación Nacional de Conjuntos Históricos, la Federación de Municipios y Provincias o el Comité Nacional Español del Consejo Internacional de Municipios y Sitios (ICOMOS), entre otros.

En este contexto, el presidente de la Comisión de Patrimonio y alcalde de Segovia, José Mazarías, ha incidido en la necesidad de trabajar conjuntamente la sociedad civil y las distintas administraciones, junto con las fuerzas de seguridad, fiscalías, servicios jurídicos municipales y la judicatura, para "aplicar criterios unificados frente a los atentados contra el patrimonio".

Así, para valorar los atentados contra el patrimonio cultural se establecen, entre otros criterios ponderables, "el valor histórico o estético del bien, el valor de uso, el valor de antigüedad, el valor de identidad y/o popular, el valor tipológico y/o de singularidad, el valor urbanístico y ambiental, y el valor de la autenticidad". Este protocolo busca ser "un marco de referencia" en el establecimiento de sistemas de valoración desde el punto de vista técnico, normativo y jurídico, así como desde el ámbito social, educativo y laboral.

Todos estos aspectos deberán conjugarse con "medidas de sensibilización y concienciación de la ciudadanía", entre las que se incluyen la divulgación en centros escolares o el fomento del arte urbano autorizado como manifestación de la expresión cultural del mundo contemporáneo.

El protocolo pretende servir para crear fondos de documentación específica de las intervenciones realizadas en limpieza, la elaboración de mapas de agresiones para la determinación de áreas de vandalismo preferente y la incorporación de la documentación sobre los diferentes sistemas químicos y físicos utilizados en la limpieza y restitución de los bienes históricos dañados.