Se busca culpable

Helga Schmidt acababa de celebrar los 15 años desde que fue fichada para poner en marcha la institución cultural más internacional de la Generalitat. Celebraba también un acuerdo que garantizaba un año más de supervivencia económica manteniendo esa «gran calidad» por la que siempre abogó. Una temprana mañana, la Policía la sacó de la cama donde reposaba de las complicaciones de un cáncer. Había de estar presente, no detenida sino retenida, mientras se registraban habitación del hotel y despacho del teatro. Se le informó más tarde de la imputación por delitos de malversación, prevaricación y falsedad. Hasta las dos de la madrugada no pudo volver al lecho. ¡Pobre Schmidt, secuestrada en medio de una campaña electoral en la que todos luchan contra todos!

Se habla de Patrocini de les Arts, una sociedad que gestionaba la captación de patrocinios a cambio de un porcentaje y se acusa a Schmidt de haberse llevado dinero a través de ella. La Generalitat no podía seguir manteniendo el presupuesto del Palau y quienes la habían colocado en el teatro no eran capaces de captar patrocinadores. ¿Quién apoyó la constitución de «Patrocini» para intentar ampliar la captación financiera? ¿Quién pidió a Schmidt su incorporación no como accionista, sino como miembro del consejo para mostrar presencia institucional? Estuvo entre 2008 y 2009 hasta que la asesoría legal le recomendó salirse. Sin participar en la propiedad de la sociedad no pudo llevarse sus beneficios. Se habla de incumplimiento de la Ley de contratación de las administraciones, pero el Palau es una fundación. Un teatro no puede sacar a concurso cada contrato artístico. A Domingo, Maazel o Mehta se les contrata por quienes son. Que cuesten mucho o poco será cuestionable pero no es delito. ¿Acaso la Comisión Ejecutiva o la Intervención de la Generalitat encontraron irregularidades en su día? ¿Quién montó una mesa de contratación para actividades editoriales dejando al margen al departamento de dramaturgia? Desde luego no fue la ex intendente. ¿Cómo puede ser acusado de prevaricación alguien que no es funcionario? ¿Cómo sin firma solidaria? Le fue prohibida la conferencia de Prensa que quiso convocar, ha sido cesada sin haber podido presentar la menor defensa, se le pretende indemnizar en base al salario que cobraba en los últimos meses tras la reducción a un tercio que ella aceptó con carácter «provisional»... Se ha jugado con el honor de una persona que muchos creemos honesta. Se ha mancillado una reputación de décadas que, mucho me temo, no habrá forma de reponer. Cuando todo se aclare, ¿alguien pagará los platos rotos?