El “Plan Marshall” para salvar la Tierra

En 2030, el cambio climático será el causante directo de que 100 millones de personas sean pobres. En 2050, habrá 143 millones de desplazados de tres continentes como consecuencia de los desastres ambientales. El África sub sahariana, el Sureste asiático y Suramérica serán las regiones más afectadas. A finales de siglo, la supervivencia en el planeta será durísima sin una acción combinada global, que implica desembolsos nunca vistos, ni siquiera durante la reconstrucción europea que trajo el «Plan Marshall». Este es el terrible panorama que se avecina en el planeta si no se toman medidas, algo que, de momento, no parece una realidad después de que la Cumbre Mundial COP25 de Madrid vaya a saldarse con un acuerdo de mínimos sin vinculación inmediata. El Banco Mundial destinará 50.000 millones de dólares hasta 2025 en financiación para proyectos de adaptación ante las emergencias climáticas, a razón de 10.000 millones de dólares anuales desde 2021. Sin embargo, se trata de una pequeña parte de la inversión necesaria. En ausencia de políticas globales que pongan freno al cambio climático, el Fondo Monetario internacional estima que el PIB per cápita se reducirá más de un 7% en 2100. Ante estas perspectivas, los diferentes gobiernos han incluido en sus planes económicos cantidades especiales destinadas a la transición ecológica y a medidas correctivas del clima. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha cuantificado la inversión realizada en 2018 por la Unión Europea en 158.000 millones de euros, en consonancia con Estados Unidos, que invirtió en políticas un poco más, 190.000 millones. Nada que ver con lo que el Gobierno chino asegura haber gastado –aunque no especifica ni en qué ni cómo–, 322.000 millones. El Panel Intergubernamental contra el Cambio Climático (IPCC) considera que la inversión sólo en el sistema energético global hasta 2035 para limitar el aumento de la temperatura por debajo de 1,5º –y volver niveles preindustriales– será de 2,1 billones de dólares al año.

Las previsiones indican que el impacto de los desastres naturales extremos resta 520.000 millones de dólares (470.000 millones de euros) cada año a la economía global. Y empuja también a 26 millones de personas a la pobreza anualmente. La mayoría de los damnificados ya viven en zonas muy castigadas, como los 4.000 millones de personas que sobreviven en condiciones de estrés hídrico y que verán agudizadas sus penurias para encontrar a diario agua potable. Hasta ahora, se estimaba que los desastres naturales vinculados a las condiciones extremas del clima costaban unos 320.000 millones de dólares (289.000 millones de euros) en términos sanitarios, de infraestructuras y productividad. Sin embargo, el reciente informe «Irrompible» del Banco Mundial (BM) eleva un 60% esa cantidad, al considerar que el impacto en la población vulnerable es mayor. «Los pobres tienen más probabilidades de residir en viviendas frágiles y ubicadas en zonas propensas a desastres, y trabajar en sectores altamente vulnerables a fenómenos climáticos extremos, como la agricultura. Además, ellos reciben mucho menos apoyo del Gobierno y de la comunidad para su proceso de recuperación. El resultado es que el impacto de una tormenta, una inundación, una sequía o un terremoto es dos veces más grave para los pobres que para cualquier otra persona», remarca el BM.

Los sobrecostes de la vida en la Tierra serán mucho más altos si los países no actúan de forma conjunta. De nada sirve barrer para esconder el polvo bajo la alfombra. Desde el coste de los seguros, hasta el transporte de pasajeros y mercancías, pasando por los costes sanitarios. Todo costará más. Empezando por lo más básico: el agua y los alimentos. Un cambio de medio grado en las previsiones supone salvar de la pobreza a varios cientos de millones de personas. Los impactos climáticos afectarán en mayor medida a la agricultura, un sector clave en los países más pobres y su principal fuente de ingresos, empleo y exportaciones. Para 2030, las pérdidas de rendimiento de los cultivos podrían significar que los precios de los alimentos estén un 12% más altos en promedio al sur del Sáhara. La presión sobre los hogares pobres, que gastan hasta un 60% de sus ingresos en alimentos, será aguda.

Entre 2030 y 2050, un calentamiento de entre 2° y 3° causará unas 250.000 defunciones adicionales cada año debido a la malnutrición, el paludismo, la diarrea y el calor extremo, según la OMS. Se estima que el coste de los daños directos para la salud –excluyendo los costes en los sectores determinantes para la salud, como la agricultura y el agua y el saneamiento– se sitúa entre 1.800 y 3.600 millones de dólares hasta 2030. El cambio climático afectará aún más a los cultivos y al ganado en un momento de enorme presión demográfica, con 10.000 millones de habitantes en 2050. Con esta perspectiva, y a falta de un acuerdo final que se atisba de mínimos, la Cumbre del Clima al menos ha servido para que Ursula von der Leyen, la nueva presidenta de la Comisión Europea (CE), presente el ambicioso plan europeo contra el cambio climático, una de las grandes prioridades de su mandato. Las dos primeras medidas pasarán por convertir el Banco Europeo de Inversiones (BEI) en un banco para el clima y por destinar el 50% de sus fondos a inversiones climáticas a partir de 2025. El objetivo es poder financiar con rapidez y solvencia cualquier decisión que tome la UE. Y una de las primeras será prescindir paulatinamente de cualquier inversión relacionada con los combustibles fósiles, salvo el gas. Bruselas creará un Fondo para la Transición Justa que apoyará a las regiones carboneras y buscará ampliar el sistema de comercio de emisiones de CO2, que se aplica a la industria y a parte del transporte. También se mejorará la eficiencia energética, se promoverá la captura y almacenamiento de carbono, se reducirá la contaminación atmosférica de los motores de combustión, se desarrollarán infraestructuras energéticas sostenibles y se ampliará la legislación sobre el control de emisiones.

¿Y cómo se va a financiar esta transición? Según Datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente, las pérdidas anuales causadas por los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos en la Unión Europea durante la última década ascendieron a casi 13.000 millones de euros. A esto se suman los gastos sanitarios provocados por los efectos nocivos de la contaminación del aire sobre los ciudadanos europeos, que provocaron más de 400.000 muertes prematuras anuales. El nuevo Ejecutivo comunitario ha prometido que al menos el 25% del presupuesto apoyará acciones vinculadas a la lucha climática. A través del Fondo de Inversiones Estratégicas de la UE –englobado en el conocido como Plan Juncker– se han movilizado hasta la fecha 371.000 millones de euros en este sentido, 158.000 millones solo en 2018, de los que España ha recibido 8.087 millones. De momento, se han aprobado ya 11.000 millones, que se destinarán al nuevo fondo de innovación para la transición energética, que será efectivo a partir de 2020. Justo antes del comienzo de la Cumbre, el Parlamento Europeo anunció la emergencia climática, el primer continente en hacerlo y un primer paso hacia el cambio.

Transición energética

La transición energética es ya uno de los ejes de la política europea, con unos objetivos claros. En 2040 se espera una reducción del 45% de gases invernadero, que deberá llegar al 60% para 2050, hasta conseguir lo que denominan como «neutralidad climática» –una economía sin impacto en el calentamiento–. Pero este desafío supone la implicación, además de los poderes públicos, también del sector privado, cuyas empresas deberán desarrollar nuevos modelos de negocio y ser «actores constructivos» que fomenten «la descarbonización de la economía y de la sociedad», aseguran en el plan.

Los Estados miembros de la UE deben presentar todavía las versiones finales de sus planes nacionales (PNEC), la hoja de ruta para la transición energética entre 2021 y 2030, con las mejoras que la UE propuso al recibir los borradores el pasado semestre. En aquel momento, solo cinco países (España, Dinamarca, Estonia, Lituania y Portugal) tuvieron un aprobado de los Veintiocho. Los objetivos que España marcó en ese borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (2021-2030) fueron el previo de lo que será la versión definitiva, que deberá aprobarse una vez que el Gobierno deje de estar en funciones. Los cuatro principales compromisos que asume el documento hasta 2030 son que el 74% de la generación eléctrica sea energía renovable; que el 42% del consumo total de la energía final sea por generación limpia; que la mejora de la eficiencia energética alcance al menos el 37% y que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan un 21% con respecto a las cifras alcanzadas en 1990. Estos objetivos plantean muchas dudas al sector eléctrico, que deberá sufrir una ineludible transformación para poder adaptarse al nuevo contexto energético, y deberá hacerlo con una eficiencia verde real. Según los cálculos del Gobierno en este plan, la transición energética implicará unas inversiones cercanas a los 236.000 millones de euros, de las que el 80% deberá correr por cuenta del sector privado, 188.800 millones, y un 20% del público, 47.200 millones. Estima que se generarán entre 250.000 y 364.000 empleos netos y un aumento del PIB del 1,8%.