Transporte por carretera

España se queda atrás en peajes frente a sus iguales europeos

Se recauda un 76% menos que en Europa y el déficit de mantenimiento es de 7.000 millones.

Cabina de cobro de una autopista de peaje
Cabina de cobro de una autopista de peajelarazon

Las infraestructuras españolas están agotadas. El deterioro del estado de las carreteras y la falta de recursos para invertir en su mantenimiento y mejora se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza que lleva a las constructoras y al Gobierno a poner la mirada en otros modelos más sostenibles. En España, el déficit de mantenimiento asciende a casi 7.000 millones de euros y son necesarios 3.700 millones anuales para mantener la red de carreteras, según el Baremo del Banco Mundial. A estos desastrosos datos se suma que la inversión en carreteras se encuentra en mínimos, con una necesidad de inversión de casi 65.000 millones de euros en infraestructuras, según datos de Seopan, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras.

A diferencia de España, en Europa es habitual la financiación por parte del usuario para mantener las infraestructuras. El informe «Hacia un modelo social sostenible de infraestructuras varias en España» señala que en territorio europeo la tarificación a vehículos de gran capacidad está generalizada en toda su red, frente a España, donde tan solo el 18% de la red de gran capacidad tiene peajes. Por otra parte, estos países suelen tarificar de manera homogénea, sin diferencias entre regiones. Mientras, en España, algunas comunidades optan por una financiación basada en peajes y en otras, el dinero para su mantenimiento proviene del contribuyente. Al hablar de vehículos ligeros, la mayor parte de los países europeos también recurren a la tarificación a través de distintos modelos. En Francia, Italia, Portugal, Grecia o Irlanda está generalizado el pago por distancia. Otro sistema muy popularizado es el pago por tiempo de uso, sobre todo en países de Europa central como Rumanía, Bulgaria o Hungría. Así, en estos países la media de ingresos es de 0,49 millones de euros por kilómetro, mientras que en España la recaudación es un 76% inferior y solo alcanza los 0,12 millones.

Francia, Italia, Portugal o Grecia gracias a la financiación se invierte en autopistas entre 11.000 y 55.000 millones de euros y se sostiene el gasto en mantenimiento anual hasta los 900 millones. Los ingresos procedentes de los peajes también repercuten en una elevada recaudación de impuestos. Además, con el próximo vencimiento de concesiones en España en 2021 España tendrá 1.097 kilómetros menos de autopistas de peaje por lo que los ahorros en inversión en mantenimiento se reducirá un 33% y el retorno fiscal por habitante caerá en un 45%. Un ejemplo de modelo rentable europeo es el LKW-Maut alemán. Desde 2011, este sistema genera 4.000 millones de ingresos anuales, de los cuales 3.000 millones se reinvierten en la red viaria. LKW-Maut permite que el peso de la financiación no solo recaiga sobre los nativos, sino que los conductores extranjeros contribuyen en un 40% en los ingresos recaudados.

La necesidad de poner solución a este resquebrajado sistema ha llevado al Gobierno en funciones a plantearse un sistema de peaje por uso para descargar a los Presupuestos y priorizar la dotación de gastos públicos para gasto social. En septiembre, el Gobierno lanzó la idea de implantar un «peaje simbólico» en las vías de alta capacidad española para medir la receptividad de la sociedad ante esta alternativa. Este peaje blando serviría para cubrir los costes de mantenimiento.

Pese a la insistencia del ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, fiel defensor de este sistema de financiación, el rechazo a implantar peajes fue generalizado. Ante esta reacción, Ábalos sugirió la apertura de un debate entre los distintos partidos para consensuar un modelo sostenible y que garantice la conservación de la red de alta capacidad. Seopan considera que España debe romper el círculo vicioso del creciente déficit de inversión y mantenimiento en infraestructuras y solicita la apertura a la inversión privada siguiendo la estela de otros países europeos y de la OCDE. Francia, por ejemplo, cuenta con su «Plan de Relance Autoroutier» dotado de 3.200 millones de euros procedentes de inversión privada para la mejora de la red de peajes.