Catorce controladores se enfrentan a multas de hasta 75.000 euros por el caos aéreo de 2010

La Fiscalía de Madrid les acusa de supuesto abandono de servicio público

El puente de diciembre de 2010 será recordado por muchos como el del caos en los aeropuertos españoles. Durante casi 20 horas, el espacio aéreo permaneció cerrado por la falta de controladores aéreos. El colectivo aseguró entonces que dejaron de trabajar porque habían agotado el cupo de horas anuales que la ley estipulaba podían estar en sus puestos. Sin embargo, el ministerio de Fomento dirigido entonces por José Blanco les acusó de hacer una huelga encubierta y abandonar sus puestos de trabajo sin justificación. La cuestión se ha ido dirimiendo en diversos tribunales y, el próximo día 15, llega a Madrid. 133 controladores se sentarán en el banquillo el Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid durante 26 sesiones que acabarán el 28 de marzo acusados de supuesto abandono de servicio público. Para ellos, la Fiscalía de Madrid solicita multas de entre 60.000 y 75.000 euros. La mayoría de ellos, no obstante, no tendrán que hacer frente a tal multa pues ya han alcanzado un acuerdo con el Ministerio Público, similar al alcanzado por otros compañeros en Palma de Mallorca. Serán 14 los que pleitearán, según fuentes del sector. Lo harán, explican, porque consideran que no hicieron nada contrario a la ley y prefieren “gastar el dinero en juicios que en pagar un acuerdo” y limpiar así su reputación.

En su escrito, la Fiscalía reclama que los controladores indemnicen de forma conjunta y solidaria a los pasajeros perjudicados en concepto de vuelos cancelados y de otros gastos derivados que aún no hayan sido resarcidos, una compensación de la que pide que se haga cargo subsidiariamente el ente público del que dependen los controladores, Enaire, según informa Efe. La Fiscalía recuerda que “a consecuencia del abandono colectivo” de los acusados, funcionarios públicos, de sus puestos de trabajo se produjo el cierre del espacio aéreo en la región Centro-Norte y, por consiguiente, la cancelación de 1.352 vuelos entre el 3 y el 4 de diciembre de 2010, durante el puente de la Constitución. “Dichas cancelaciones produjeron perjuicios al servicio público que presta Aena y a un elevado número de viajeros que perdieron el importe de sus reservas de avión y hotel, además de otros gastos de cancelación”, añade.

Acción concertada

La fiscal denuncia además cómo, entre las 17:00 y las 17:15 horas del día 3, un grupo de 59 controladores, “en una acción colectiva y concertada con el fin de paralizar la actividad aeronáutica al margen de cualquier negociación colectiva u otra vía legal”, presentó a su responsable un documento “escrito de su puño y letra” en el que cada uno “a su manera” alegaba una disminución de capacidades psicofísicas para desempeñar su puesto. En este sentido, apunta, el que prácticamente toda la plantilla prevista para ese turno entregara tal formulario, obligó a la dirección de AENA a reducir de forma progresiva la capacidad de los distintos sectores en los que se organiza el espacio aéreo. Así, al comienzo del turno de noche tan sólo se presentaron 16 controladores de los 44 que estaban programados; la mayoría se encontraban, relata el escrito, en una asamblea convocada por USCA, el sindicato mayoritario del colectivo. La situación se consolidó un día más tarde, cuando de los 73 que tenían que acudir a su puesto de trabajo, “sólo” lo hicieron 19, una estrategia que pretendía “mantener el cierre del espacio aéreo por falta de personal”.

El Ministerio Fiscal pone de relieve que estas acciones, que se hicieron de manera “consciente”, fueron coordinadas “al margen de cualquier convocatoria formal de huelga” por USCA, que por entonces intervenía en las negociaciones con Aena para el segundo convenio laboral del personal aeronáutico. Motivo por el cual reclama 75.000 euros y un año de suspensión de empleo a los siete miembros que bien formaban parte de la Junta Directiva del sindicato o eran miembros de su comité, una cuantía que se reduce a los 60.000 euros para el resto de acusados.

El origen del conflicto se remonta a enero de 2010, precisamente a las negociaciones del convenio; tras acusarse mutuamente de negociar sin voluntad de alcanzar un acuerdo, en febrero el Gobierno aprobó un real decreto ley que devolvía a Aena la capacidad de gestión y control del tráfico aéreo, en manos de los controladores desde marzo de 1999.

Tras el cierre del espacio aéreo, en 2013 se abrieron 23 causas contra los controladores en juzgados de toda España, de las cuales 21 fueron sobreseídas. En febrero, USCA alcanzó un principio de acuerdo con la Fiscalía de Madrid y las acusaciones particulares por el que se comprometía a desembolsar cerca de 15 millones de euros en concepto de indemnización a los pasajeros afectados, medida condicionada a la aceptación del mismo en Palma. En esta ciudad, 83 controladores de Baleares acusados por el caos realizaron el pago de las indemnizaciones acordadas y la mayoría se adhirió al pacto con la Fiscalía por el que reconocían un delito de abandono de funciones públicas con asunción de una multa para evitar ir a juicio. La indemnización acordada fue de 1.000 euros por perjudicado por los daños morales más el daño material, que fueron cobradas o consignadas en el juzgado para su recepción.