La distribución se ha convertido en el chivo expiatorio del Gobierno para desviar responsabilidades por la crisis del campo. El ministro de Agricultura, Luis Planas, aseguró el martes que se reuniría con la distribución como «parte de la solución al problema» del campo. Es «muy importante que la distribución contribuya a valorizar el trabajo del primario desde un punto de vista económico», aseguró Planas. El mismo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo ayer que «las grandes distribuidoras deben hacer examen de autocrítica». Y José Luis Ábalos, ministro de Transporte, apostó por poner un «cierto freno al abuso» de los precios agrarios.

Pero aunque se hayan convertido en la diana, la realidad es que los supermercados españoles no son, ni de lejos, los principales destinatarios de la producción agrícola española. En 2019, el 80% de las frutas y hortalizas nacionales fueron exportadas, según datos del Ministerio de Agricultura y Fepex, la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas. Su valor alcanzó los 14.045 millones de euros, frente a los 3.751 millones de euros que alcanzaron las ventas en el mercado interior. De esta cantidad, apenas un 7% fueron realizadas por supermercados.

Precios adecuados

Aunque el campo y el Gobierno reclaman mejores precios a la distribución, los supermercados defienden que la cadena de precios es adecuada. «Se ha analizado en diversos estudios y la conclusión es que los precios se forman de manera adecuada», explica Ignacio Magarzo, director general de Asedas, la patronal que representa a casi el 70% de los supermercados españoles y entre cuyos miembros están Mercadona o Dia. Según añade, el hecho de que en España haya una gran competencia en la distribución obliga a los supermercados a ajustar mucho los márgenes para poder competir y no perder cuota de mercado. «Si alguien pretende ofrecer precios más altos, se le come el de al lado», explican otras fuentes del sector. España, recuerdan, es el país con los precios en alimentación más bajos de Europa, diez puntos por debajo de Italia.

Que las cadenas no tengan márgenes excesivos no implica, en ningún caso, que estén vendiendo a pérdidas determinados productos como el aceite de oliva para que hagan de reclamo, añade Magarzo. Existe algún caso, que no niega, pero asegura que «en el conjunto de la distribución, no hay nadie que diga que la venta a pérdida es buena. Nadie está de acuerdo». En general, añade, «la venta a pérdidas no forma parte de las estrategias comerciales, sobre todo en productos sensibles del sector agroalimentario».

Para la distribución, la mejor solución para atender a la reivindicación de los agricultores de tener mejores precios pasa por la integración de la oferta. En países como Holanda o los nórdicos hay pocas cooperativas pero muy potentes con fuerza suficiente para negociar mejores precios. Un ejemplo, dicen, ilustra lo lejos que está España de esta solución: mientras que en algunos países hay tres cooperativas de leche y dos de carne, en España hay 1.110 de aceite de oliva. Pero en España, aseguran desde el sector, la existencia de las autonomías limita la posibilidad de que haya cooperativas más grandes. Amén de que el sector agrícola, añaden, es «muy individualista». La solución por la que se ha optado en nuestro país, la Ley de Cadena Alimentaria, enfocada a garantizar que los productos se entregan con un control y un precio, no ha resuelto el problema porque, según la distribución, en el sector agrícola hay «nichos sin control».

El sector de la distribución cree que es el agrario es un tema complejo en tanto que afecta a diferentes productos y zonas y advierte de que la situación no es nueva. «Es la misma que había hace seis meses. Lo que ha cambiado es que hay un nuevo Gobierno que a lo mejor es más sensible a las reivindicaciones del sector», concluyen.