Iglesias toma el control de la crisis del campo: encumbra a su sindicato afín y prescinde de las agrupaciones agrarias

«Es una vergüenza que tendrá consecuencias». Con esta frase, las agrupaciones agrarias declaran abierta una nueva revuelta en el campo español. Todo por culpa de la decisión del Ministerio de Trabajo de dejar fuera de la mesa de negociación de las peonadas y los subsidios agrarios a los representantes empresariales del campo –«con nocturnidad y alevosía», denuncian desde las asociaciones–. El vicepresidente segundo Pablo Iglesias y la ministra Yolanda Díaz, que presidieron el encuentro, dieron la orden de desconvocar mediante un correo electrónico enviado a las 9:25 de la noche del jueves a Asaja, UPA y COAG, dejándolas fuera de cualquier capacidad decisoria. La indignación fue inmediata y provocó un nuevo huracán en el campo español y el primer desencuentro grave de los dirigentes de Podemos con las patronales.

Las asociaciones desconvocadas denunciaron en LA RAZÓN que nadie les ha explicado por qué se han quedado fuera, máxime cuando la convocatoria para este encuentro surgió del propio Ministerio de Trabajo el pasado 11 de febrero. En la misiva les conminaron a tratar «aspectos relacionados con la realidad laboral del sector». Pero el correo electrónico del jueves dinamitó el encuentro y prendió la mecha de la indignación.

Indignación en el sector

Desde Asaja se han mostrado tremendamente molestos con la situación, porque «lo único que están consiguiendo es que se caldee el ambiente de forma innecesaria, además de que no entendemos que nos dejen fuera cuando somos parte fundamental de los problemas que quieren resolver». Según explican, la única excusa que les dio el Ministerio fue que «nos dejaban fuera por problemas personales. Es un desastre y un despropósito tremendo. Si eso es el diálogo que quieren, vamos muy mal».

También denunciaron que se ha alterado unilateralmente la mesa de seguimiento del subsidio agrario, constituida desde hace años por los representantes «designados por ley» por las agrupaciones agrarias más representativas –en este caso Asaja, COAG y UPA–, por lo que exigen a Iglesias y Díaz que se «mantenga y respete» dicha composición y que «no se salten a la torera el diálogo social. No queremos que nos representen los que no nos representan. La gestión de la interlocución social debe hacerse con todos», dijo a LA RAZÓN Miguel Blanco, secretario de COAG, que apostilló que el sector «saldrá a la calle ante este nuevo atropello». Desde UPA consideraron «imprescindible» que se cuente con los empresarios agrarios para «abordar en profundidad y de verdad» las relaciones laborales en el sector.

Esta situación llevó ayer a las tres organizaciones profesionales agrarias a remitir una carta de protesta a Yolanda Díaz, en la que expresaron su «malestar» y «sorpresa» ante la decisión de excluirlas y para pedirle explicaciones. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Trabajo negaron que se hubiera producido ningún tipo de exclusión porque «nunca fueron convocadas de forma oficial» a la reunión, y aseguraron que solo se las emplazó a reunirse más adelante, encuentro que finalmente tendrá lugar el próximo martes.

Polémica por el SAT

Ni siquiera Iglesias y Díaz fueron capaces de satisfacer del todo a los representantes de CC OO y UGT, que sí estuvieron en el encuentro. La presencia en la mesa del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), próximo a Podemos y representado por su histórico dirigente Diego Cañamero y su portavoz Óscar Reina, provocó una situación incómoda para las centrales mayoritarias, que criticaron que el Gobierno haya dado voz a un grupo «con una representación absolutamente minoritaria y muy poco representativa del campo andaluz», manifestaron fuentes de CC OO. De esta manera, Iglesias marca territorio decide encumbrar a un sindicato minoritario como SAT solo por su afinidad política e ideológica.

Con todo este embrollo, quedó en un segundo plano la verdadera razón de la reunión, determinar los nuevos subsidios agrarios que se conceden a través del Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agraria –Aepsa, el antiguo PER–. El Gobierno ha acordado rebajar las peonadas de 35 jornadas de trabajo a 20 para poder acceder al subsidio agrario por la grave situación meteorológica que en los últimos meses ha hecho escasear el trabajo y ha dificultado el acceso a las peonadas, pero solo se ha aprobado de manera coyuntural este ejercicio. En la actualidad, los jornaleros deben trabajar un mínimo de 35 jornadas para acceder a una prestación por desempleo agrario que se extiende durante seis meses. En la reunión, también se planteó la necesidad de reformar a medio plazo el sistema de peonadas, «para garantizar que dé una cobertura más adecuada a los trabajos eventuales agrarios», dijo la ministra tras la reunión, cuyas conclusiones trasladará el martes a las agrupaciones que ayer dejó fuera de la sala.