La moratoria hipotecaria por el coronavirus hace aguas y la banca sale al quite

Igual que ocurrió con las ayudas al alquiler, el sector privado va a acudir al rescate de los colectivos con hipoteca más vulnerables afectados por el coronavirus ante la falta de eficacia de las políticas públicas. Las entidades de crédito integradas en la Asociación Española de Banca (AEB) y la CECA (cajas de ahorros) han acordado poner en marcha el aplazamiento de hasta doce meses en la amortización del capital para aquellas personas afectadas económicamente por la situación generada por el COVID-19 con una hipoteca sobre primera vivienda que así lo soliciten, según han explicado en un comunicado conjunto ambas organizaciones. La propuesta también ofrece diferir el pago del principal en contratos de préstamos personales ligados a consumo para un periodo de hasta seis meses.

Esto, como han explicado las patronales bancarias, supone que los clientes sólo pagarán los intereses correspondientes de dichos préstamos, “lo que reducirá sensiblemente la cantidad que venían pagando hasta ahora”, según aseguran. El aplazamiento se instrumentaría, según los dos casos y en función del criterio de la entidad, mediante un préstamo personal, una modificación del préstamo hipotecario u otra fórmula financieramente equivalente.

Dificultades

La puesta en marcha de la medida, que la banca enmarca dentro de sus esfuerzos para ayudar a sus clientes, pone en evidencia que la moratoria hipotecaria no está resultando tan efectiva como el Gobierno pensaba. Fuentes del sector financiero aseguran que pocos clientes se están pudiendo acoger a la moratoria aprobada por el Ejecutivo porque los requisitos necesarios para acogerse a la misma son un tanto exigentes. La moratoria es válida para la vivienda habitual y se pueden beneficiar de ella los que hayan perdido su empleo por la crisis del Covid-19 o empresarios y autónomos cuyos ingresos hayan caído un 40%. Para poder ser beneficiario, el conjunto de los ingresos de la unidad familiar no podrá superar el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (IPREM) el mes anterior a la moratoria. Es decir, si este indicador se sitúa en 537,84 euros, no podrán superar los ingresos de la unidad familiar los 1.613,52 euros. En caso de que haya hijos a cargo, este índice se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en familias con dos progenitores y en 0,15 en familias monoparentales. Por tanto, el umbral aumentará en 53,78 por cada hijo a cargo en familias de dos progenitores y de 80,68 en familias monoparentales. Este límite también se incrementará en 0,1 veces el IPREM (53,78 euros) por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.

Si se cumplen estos requisitos, la unidad familiar deberá superar un obstáculo más. La cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, debe superar el 35% de los ingresos netos de la familia en su conjunto. Además, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar tiene que haber visto multiplicarse por al menos 1,3 el esfuerzo que representa la carga hipotecaria sobre la renta familiar.

Según fuentes del sector financiero, este conjunto de requisitos se ha convertido en un obstáculo insalvable para muchas familias, lo que ha limitado mucho el alcance de la medida articulada por el Gobierno. Con su iniciativa, la AEB y la CECA buscan ensanchar la base de posibles beneficiarios y, de paso, beneficiar también a sus propios balances. A la banca tampoco le interesa que sus clientes no puedan pagar sus hipotecas porque engordaría sus tasas de morosidad y perjudicaría sus balances.