¿Llegan los recortes?

Después de varios meses propagando a los cuatro vientos que el Gobierno de progreso PSOE-Podemos había venido a gestionar la crisis de un modo distinto al anterior Ejecutivo del PP (y también, aunque muchas veces se olvida, al del Gabinete de Zapatero), esta semana nos hemos topado repentinamente con una cascada de anuncios y de filtraciones merced a los cuales se estaría pensando en meter la tijera en algunas partidas sustantivas de los presupuestos. Primero, se ha empezado a hablar de congelar el sueldo de los empleados públicos. Segundo, también se ha propuesto modificar la naturaleza de aquellos ERTE que continúen prorrogándose en el futuro: concretamente, se rebajará su importe desde el actual 70% de la base reguladora al 60% y, además, su percepción consumirá los meses que se hubiesen devengado de prestación de desempleo. Y tercero, también se pretende aprobar la enésima reforma de la Seguridad Social donde, como de costumbre, se recortarán prestaciones (alargando la edad efectiva de jubilación) y se incrementarán las cotizaciones sociales a algunos colectivos (de manera especial, a los autónomos). La contradicción entre las soflamas de hace apenas unos meses y los actuales planes del Gobierno no puede resultar más llamativa. Pero, ¿a qué se debe? ¿Realmente estamos en una situación tan desesperada como para adoptar de golpe todas esas medidas? Permítanme avanzar dos hipótesis no necesariamente excluyentes: exigencias y propaganda.

Por un lado, cabe pensar que Bruselas ya nos está tutelando desde arriba para poder otorgarnos las ayudas de 140.000 millones. Y recordemos que una de las exigencias de Bruselas era la de proceder a reducir nuestro déficit a largo plazo. De ahí que, a buen seguro, una parte de estas medidas venga motivada por la exigencia del equilibrio presupuestario: en concreto, el proyecto de reforma de la Seguridad Social que ha diseñado el ministro Escrivá viene desde luego de lejos y busca contentar a una Unión Europea que siempre ha sido muy suspicaz con la (in)viabilidad de nuestro sistema de pensiones (cuestión distinta es que la reforma presentada sea suficiente y equitativa, que no lo es).

Pero, por otro lado, también puede ser que en algunas de estas medidas haya una cierta táctica propagandística. Por ejemplo, resulta poco explicable que el Gobierno haya filtrado que pretende congelar el sueldo de los empleados públicos, cuando la inflación a finales de año será a buen seguro muy baja (incluso puede que tengamos deflación). Y si la inflación es muy baja, entonces el coste de indexar sus sueldos al IPC sería minúsculo. Así, si el IPC terminara en el 0,5% (y ya se trata de una cifra muy sesgada al alza), el coste de no congelar los salarios apenas sería de 600 millones. ¿De verdad el Gobierno está dispuesto a sacrificar su credibilidad ante sus votantes por 600 millones? Permítanme dudarlo: probablemente estemos ante una nueva estrategia del poli bueno-poli malo entre PSOE y Podemos para compensar a los morados por la humillación sufrida tras la fusión Bankia-Caixabank. A saber, el PSOE filtra una medida parcialmente impopular y los ministros de Podemos presionan para retirarla, cobrándose mediáticamente la victoria (el ministro Garzón, sin ir más lejos, ya ha comenzado a reclamar la retirada de esta propuesta). En suma, aunque España necesita recortes de gasto, es probable que una parte de los mismos no sean más que globos sonda para su aprovechamiento político por parte de nuestros gobernantes.