Los funcionarios han perdido casi un 20% de sueldo en diez años

El Gobierno lo niega y afirma que ganan poder de compra en los últimos tres años, olvidando el “tijeretazo” socialista de entre el 5% y el 10% a las nóminas de los empleados públicos en 2010

Aunque los números nunca mienten, se puede jugar con ellos. De hecho hay unas cuantas conjeturas matemáticas aún sin resolver. A las de Hodge o la de los números primos gemelos se suma ahora la revalorización de los sueldos de los empleados públicos. Todo indica que el tijeretazo que aprobaron los socialistas a los sueldos de los funcionarios en 2010, el primero en la historia democrática, ha mermado con creces las nóminas de todos ellos. El hachazo fue tan severo que superó incluso la devaluación también socialista de 1983, por la que el ministro Moscoso ajustó todos los meses a 30 días, aunque los empleados públicos ganaron seis días de asuntos propios, los llamados «moscosos», para compensar la galopante pérdida de poder de compra en un contexto en el que los precios se elevaban a un 12% anual. Los sindicatos coinciden en esta pérdida de poder adquisitivo.

En concreto, la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) afirma que los funcionarios todavía arrastran desde 2010 una devaluación salarial de hasta el 18% que alcanza hasta un 20% si se suman los recortes de las comunidades autónomas). En 2010, el año en el que se ejecutó el hachazo, el IPC subió un 3%. Esto aumentó el golpe del recorte (entre el 5% y el 10% para los funcionarios de más escala). Se trató del primer recorte de la historia ya que, hasta entonces, los funcionarios solo se habían enfrentado al ajuste de 1983 y a las congelaciones de 1994, con Felipe González, y 1997, con Aznar.

El recorte de 2010 quitó de los bolsillos de los funcionarios nada menos que 4.500 millones de euros y generó, por la subida del 3% de los precios, una devaluación salarial de entre el 8% y el 13%. Entre 2011 y 2015, los empleados públicos mantuvieron congelados sus sueldos. Durante esos años, se acumuló otro 6,5% de devaluación salarial como consecuencia del incremento de los precios en ese periodo.

Entre 2016 y 2017, el IPC superó a la leve subida de sueldos del 1% anual, lo que provocó otra pérdida efectiva de las nóminas del 0,68%. Solo las subidas de 2018 y 2019, que han superado al IPC de esos años han permitido recuperar a los funcionarios algo del terreno perdido, un 2,27%.

Sin embargo, el Gobierno hace otras cábalas para justificar una posible congelación. Para la ministra de Economía, Nadia Calviño, los funcionarios han ganado capacidad adquisitiva en los últimos tres años. La vicepresidenta tercera evita remontarse a 2010 y afirma que, según sus datos, en los últimos tres años el alza de los sueldos públicos ha sido superior a la subida de la inflación. Así, según Calviño, en 2018 la inflación fue del 2,7% (el INE da un 1,2% anual) mientras que las nóminas de los funcionarios aumentaron un 2,75% (CSIF habla de un 1,75%). En 2019, esta subida fue del 2,5%, mientras que el alza de los precios fue de solo el 0,7%. Lo mismo ocurre este año, cuando los salarios aumentaron un 2% y la inflación se prevé que cierre en el entorno de un 0%.

Ante esta situación, los sindicatos con representación en la Función Pública han comenzado a movilizarse y amenazan abiertamente con la huelga. La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) y UGT avanzaron ayer protestas que derivarán en una gran marcha el 30 de este mes y en una posible huelga para exigir, de momento, el cumplimiento del IV convenio Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado, que recogía un pequeño incremento retributivo para los laborales para paliar la «tremenda brecha salarial entre el personal laboral y el funcionario». «El desprecio mostrado y la inactividad deliberada de la Administración, al no proceder al encuadramiento en los nuevos grupos profesionales de los trabajadores, busca no realizar el pago comprometido, algo que causa perjuicios a estos trabajadores, unos 40.000, entre ellos no cobrar el sueldo que les corresponde desde el 1 de enero de 2019», afirmó Milagros Dorronzoro, secretaria de Negociación de CSIF.

Gabriel Filipini, responsable de Negociación de Covenio Único de AGE de FeSP-UGT, calificó de «trampa que se ensaña con los más desfavorecidos» el comportamiento del Gobierno y anunció una posible «hulega» si el Ejecutivo no cumple lo pactado.