La subida salarial de este año en las empresas públicas, perdida en un limbo administrativo

Más de 80.000 trabajadores de compañías como Correos, Tragsa o Puertos del Estado siguen a la espera del incremento. CSIF culpa a Hacienda de no liberar los fondos y el ministerio asegura que está pendiente de la negociación colectiva

Apenas quedan tres meses para que concluya el año y algunos, muchos, todavía están esperando a que en sus nóminas se refleje la subida salarial de 2020. Concretamente, y según denuncia el sindicato CSIF, los más de 80.000 trabajadores que integran las plantillas de empresas públicas como Correos, Paradores, Aena, Puertos del Estado, Tragsa o Navantia no han visto reflejado en sus nóminas el incremento salarial pactado en marzo de 2018. Entonces, el Ejecutivo de Mariano Rajoy y los sindicatos UGT, CC OO y CSIF alcanzaron un acuerdo para incrementar el salario de los empleados públicos en los años sucesivos. En el caso de este ejercicio, la subida pactada entonces es del 2%. Sin embargo CSIF, la organización mayoritaria en la función pública, asegura que los trabajadores de las empresas públicas no sólo no se han beneficiado del incremento sino que también se les adeudan los fondos adicionales (0,55% en 2019 y 0,25% en 2020) firmados en el acuerdo.

Desde CSIF, disparan directamente contra el Ministerio de Hacienda a la hora de buscar a los responsables de esta congelación temporal de los salarios en las compañías estatales. “Es este Departamento el que debe dar luz verde a los fondos para que se materialicen en las nóminas”, aseguran. Pero desde el Ministerio que dirige María Jesús Montero aseguran que las cosas no son tan sencillas. “En 2018 lo que se firmó fue el Acuerdo Marco de subida salarial para los años 2018, 2019 y 2020. Para este año el incremento pactado fue del 2%. El Gobierno ya aprobó el decreto el pasado 21 de enero para ese incremento salarial. Pero para las empresas públicas ese incremento no es automático, sino que tiene que aprobarse mediante un acuerdo de la negociación colectiva entre la empresa pública y los trabajadores”, explica un portavoz de Hacienda. “Eso no significa que no haya acuerdo, sino que en el marco de la negociación colectiva de esa empresa tiene que incluirse esa mejora (o cualquier otra cuestión). En ese sentido, el procedimiento para iniciar esa negociación colectiva comenzará en breve”, explica en alusión al caso concreto de una de las compañías afectadas, Correos.

Retrasos recurrentes

Aunque no es el primer año que el incremento salarial de los trabajadores de las empresas públicas se retrasa, lo cierto es que en otros ejercicios no se había demorado tanto como en este, según aseguran fuentes sindicales. “Siempre ha ido llegando de forma escalonada a las empresas con carácter retroactivo desde el 1 de enero, pero antes”, aseguran. En este caso, la fecha en la que hipotéticamente se va a materializar el aumento es incierta. “Se están siguiendo los procedimientos administrativos que se siguen todos los años”, se limitan a explicar desde Correos.

La cantidad pendiente de abonar, según los cálculos de CSIF, supone una subida fija media de unos que ronda los 500 euros anuales por cada trabajador, lo que, en términos globales, arrojaría una cantidad cercana a los 40 millones de euros en un contexto de fuertes estrecheces para las arcas públicas. No obstante, advierte la central, la crisis de la Covid-19 no debe ser excusa para que el Gobierno ejecute una subida pactada hace más de dos años. La realidad, sin embargo, es que la semana pasada el Ejecutivo no desmintió de forma categórica las informaciones que apuntan a la posibilidad de que meta la tijera en las retribuciones de estos trabajadores a partir del próximo año.

Como sucede con los funcionarios, los empleados de las empresas públicas también arrastran una importante pérdida de poder adquisitivo en los últimos años. CSIF calcula que oscila entre el 12,9 y el 17,9% desde 2010. Ese año, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tomó la histórica decisión de recortar el salario de los empleados públicos una media de un 5% -10% en el caso de los altos cargos- para hacer frente a los estragos que la Gran Recesión estaba haciendo en las arcas públicas españolas. El sueldo de los funcionarios acumula una caída media del 20% en los últimos diez años.

El sindicato también considera que el hecho de que estos trabajadores sigan pendientes de su incremento salarial supone “una discriminación para las plantillas de las empresas estatales que en muchos casos fueron declarados como esenciales durante el estado de alarma” decretado para frenar la pandemia del coronavirus.