La UE logra un acuerdo clave para poner en marcha los 750.000 millones

El paquete de ayuda requería del visto bueno alcanzado entre los países y el Parlamento Europeo sobre el presupuesto plurianual 2021-2027

Sede de la Comisión Europea en Bruselas

La UE alcanzó ayer un acuerdo político que desbloquea la puesta marcha el fondo de reconstrucción, valorado en 750.000 millones de euros, para luchar contra los estragos económicos del coronavirus y del que a España le corresponden 140.000 millones entre transferencias a fondo perdido y préstamos a bajo tipo de interés. Se espera que los fondos pueden empezar a fluir a partir de la segunda mitad de 2021, pero no todos los obstáculos se han despejado. En total, el paquete aprobado asciende a 1,8 billones de euros ya que también incluye las partidas del nuevo presupuesto plurianual 2021-2027, del que dependen ayudas tan importantes para España como los pagos a los agricultores y las subvenciones a las comunidades autónomas.

El acuerdo entre el Parlamento Europeo y las capitales supedita el desembolso de los fondos al cumplimiento del Estado de Derecho, lo que incluye la independencia judicial o el respeto a la libertad de prensa. Esta parte del pacto se aprobó la semana pasada y el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, ha entrado en cólera. Incluso ha enviado una carta de rechazo a la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von de Leyen. Para que la Comisión Europea pueda movilizar dinero en los mercados a través de una emisión de deuda conjunta se necesita la ratificación de todas las capitales, por lo que un solo país tiene poder de veto. Tanto Hungría como Polonia han sido expedientados por su deriva autoritaria y pueden ser los grandes perjudicados de este nuevo mecanismo, pero cualquier retraso en los fondos europeos lesionaría sus intereses, ya que son de los países que más dinero reciben.

El acuerdo fue posible después de que la Eurocámara y las capitales llegaran a un compromiso intermedio para amortiguar los recortes impuestos en la cumbre de julio en partidas como el programa de intercambio universitario Erasmus o los fondos para I+D. Aunque el volumen del presupuesto hasta 2027 no sufrirá modificaciones, el Parlamento Europeo ha conseguido un incremento de 15.000 millones adicionales. La principal novedad radica en que, a partir de ahora, las multas de la Comisión Europea a las multinacionales por abuso de su posición de dominio en el mercado irán a parar a las arcas comunitarias y el dinero no se repartirá entre los Estados, tal y como sucedía hasta ahora. El incremento, reclamado por el Parlamento Europeo, se queda por debajo de los 39.000 millones adicionales que pedían en su última propuesta, pero es superior a los cerca de 10.000 millones que había ofrecido el Consejo (los países) inicialmente.

El europarlamento también ha conseguido un calendario detallado y vinculante sobre los impuestos para sufragar estas emisiones de deuda. Ahora serán las capitales las que aprueben por unanimidad los detalles de estos tributos, que incluyen una tasa al plástico (2021), comercio de emisiones y tasa al carbono (2023), la tasa Google (2024) y a las transacciones financieras (2026).

Necesidad imperiosa

El embajador alemán ante la UE, Michael Clauss, consideró que se trata de un acuerdo “equilibrado” entre los intereses de los Estados y la Eurocámara y urgió a ambas partes a dar el visto bueno definitivo al pacto. "Necesitamos urgentemente que el fondo de recuperación esté en marcha para amortiguar las extremas consecuencias económicas de la pandemia. Espero que todo el mundo entienda la urgencia de la situación y ayude ahora a despejar el camino para una rápida implementación del presupuesto europeo y el paquete de recuperación. Nadie necesita más barreras y retrasos”, dijo.

Los líderes comunitarios acordaron en julio el presupuesto 2021-2027 (fijado entonces en 1,074 billones) y un Fondo de Recuperación con 750.000 millones, pero para activarlos era imprescindible el consenso con la Eurocámara. Acordar el volumen del presupuesto y los recursos propios era el principal escollo, tras pactar la semana pasada el mecanismo que vinculará los fondos comunitarios al Estado de Derecho y a falta de que se consensúe el reglamento sobre el uso del Fondo de Recuperación.