En defensa de la corresponsabilidad fiscal

La imposición patrimonial integra las figuras tributarias (Patrimonio y Sucesiones) más cuestionadas y reprobadas del conjunto del sistema fiscal. Por ello, no se entiende que los contribuyentes españoles están sufriendo una de más gravosas cargas por la misma de nuestro entorno. Ningún país de la UE tiene un Impuesto de Patrimonio como España, que en un contexto de pérdidas y rendimientos moderados, supone confiscatorios con tipos impositivos efectivos superiores al 100%. Por su parte, el Impuesto sobre Sucesiones es una figura cada vez más evitada. La mayor parte de los países de la UE ya lo no tienen o lo tienen con tipos residuales.

La cada vez menor utilización de estas figuras tributarias se produce por sus incuestionables distorsiones que provoca al bienestar socioeconómico. Así, el prestigioso IFO ha estimado que reintroducir el Impuesto sobre el Patrimonio en Alemania implicaría una pérdida de recaudación neta y una contracción de hasta el 5% del PIB nacional a largo plazo. En el caso de Francia se evidenció que la pérdida global neta de recaudación derivada de su impuesto sobre el Patrimonio podría ser del doble de los ingresos obtenidos.

La imposición patrimonial recae directamente sobre las empresas en cuanto encarece el componente fiscal del coste de capital. Es decir, es un impuesto que penaliza el ahorro, la inversión, la productividad y el crecimiento económico. Además, propicia la deslocalización de contribuyentes y bases imponibles a terceros países cercanos que no aplican estas figuras. Por otra parte, frena la entrada de capitales, en un país que requiere financiar una ingente deuda externa y deuda pública. Pero lo más grave es que su conjunción dificulta cuando no impide la deseable supervivencia de las empresas en su transmisión intergeneracional, como ha denunciado entre otros el FMI.

En este momento son muchas las Comunidades Autónomas que ya están a favor de la corresponsabilidad fiscal, como es el caso de Madrid, Andalucía o Galicia, pero el Gobierno Central parece que quiere negarla a través de lo que denomina «armonización fiscal», que no es sino una propuesta de subida generalizada de la imposición patrimonial para las Comunidades que tienen un sistema tributario más moderno y homologado con nuestro entorno.

Para avanzar en el camino del verdadero progreso resulta algo más razonable no prohibir los modelos tributarios de los territorios que mejor desempeño alcanzan, que generalizar a la fuerza las de aquellos que peores resultados obtienen como ha demostrado un reciente estudio de CEIM en colaboración con el IEE, en el que se evidencia la fuerte interrelación existente entre corresponsabilidad fiscal, competitividad regional y eficiencia pública.

Fiscalidad y eficiencia

Se ha evaluado que la pérdida de la corresponsabilidad fiscal podría suponer a largo plazo una contracción mínima del PIB regional de Madrid de un 2%, lo que supone a su vez una reducción de medio punto porcentual en el nivel del PIB del conjunto de España, a los que habría que añadir los efectos contractivos de las subidas que tendrían que implementarse en otras regiones. Y en una economía tan interrelacionada como es la española, esta caída se amplificaría inevitablemente al resto de España con el consiguiente empobrecimiento añadido.

Por último, pero no menos importante, la corresponsabilidad fiscal estructura la naturaleza intrínseca del Estado Autonómico que nos hemos otorgado los españoles. No se puede entender de otra forma desde el momento en que los territorios forales tienen la máxima corresponsabilidad fiscal. Por ello, para poder diseñar sus impuestos de acuerdo a las preferencias de sus ciudadanos democráticamente expresadas, todas las Autonomías deben tener no solo el derecho, que también, sino, ante todo, la obligación de ejercer su corresponsabilidad fiscal.

* Gregorio Izquierdo Llanes es director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE)