¿Y si el Estado le pagase para luchar contra el fraude fiscal?

Por el laberinto de cañerías fiscales que conforman los sistemas tributarios se filtran cada año cientos de miles de millones de euros que escapan del control de las haciendas públicas a pesar de los ímprobos esfuerzos de todos los gobiernos por evitar la fuga de unos capitales que no tributan y esquilman así unos valiosos recursos públicos para sostener el estado del bienestar. El problema es generalizado en todo el mundo, pero en países como Italia o España, la cultura del «¿con factura o sin factura?» está más arraiga que en otros lugares.

Dicen los expertos que la desaparición del dinero físico erradicaría o ayudaría en gran medida a acabar con el mal de la economía sumergida. Según Visa, «un incremento sostenido del 10% en los pagos electrónicos durante cuatro años es capaz de reducir el tamaño de la economía sumergida incluso más de un 5%». En Italia, un país donde el dinero de plástico goza de poco predicamento -en 2017, el 86% de las compras se hicieron en efectivo, según el BCE- han tomado buena nota y han puesto en práctica una iniciativa disruptiva: premiar con reembolsos a quienes paguen sus compras con tarjeta u otros sistemas electrónicos con el fin de combatir la evasión fiscal. Lo que Italia persigue con esta gratificación es acostumbrar a sus ciudadanos a pagar con tarjeta para que, poco a poco, su uso se extienda y los filtraciones de dinero negro se reduzcan.

En el país transalpino, el problema de la economía sumergida no es baladí. El Ministerio de Economía italiano estima que, cada año, la evasión fiscal le cuesta 100.000 millones de euros, 35.000 por el impago del IVA. No es extraño que las autoridades del país consideren que nunca resolverán los problemas del país hasta que no acaben con al evasión fiscal, como dijo hace un año el titular de Economía, Roberto Gualteri.

España

En España, el tamaño de la economía sumergida oscila entre los 250.000 millones de euros que calculan los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) y los 136.000 millonesde euros que recoge el plan estratégico 2020-2023 de la Agencia Tributaria, el equivalente al 11,2% del PIB. Un volumen que, según se tome una u otra estimación, provoca una pérdida de ingresos a la Hacienda pública próxima a los 70.000 millones de euros, según Gestha y la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas), o de 24.000 millones de euros, según la Agencia Tributaria.

España, como Italia, también ha tomado medidas para limitar la circulación del efectivo que engrasa la economía informal. El Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal aprobado por el Consejo de Ministro en octubre rebaja de 2.500 a 1.000 euros el límite del pago en efectivo de determinadas transacciones empresariales y lo mantiene para particulares en 2.500 euros.

Puede que estas limitaciones sean una medida necesaria para avanzar en la lucha contra este grave problema. Pero donde los profesionales de la Hacienda pública ponen el énfasis para fulminarlo es en los grandes defraudadores. Además de contar con pocos recursos personales y materiales, desde el sector apuntan que en España se sigue centrando mucho el tiro en los pequeños defraudadores. Eso, aseguran, es un craso error, porque son los grandes, que tienen muchísimas fórmulas para pagar menos impuestos usando normas mercantiles, civiles e internacionales mediante planificaciones fiscales agresiva con paraísos fiscales, los que vampirizan los ingresos del Estado.