El Gobierno irrita a los sindicatos: mandará a la UE sus reformas incluso sin acuerdo

El Gobierno lo tiene claro: no piensa poner en peligro ni un por un sólo instante la llegada de los fondos europeos para la reconstrucción de España en la era postcovid-19. Este año España recibirá un anticipo de 27.000 millones en subvenciones de Europa a fondo perdido de los 140.000 millones que le corresponden (70.000 millones en subvenciones a fondo perdido y otros 70.000 millones en créditos). Por eso no le temblará la mano a la hora de legislar y decidir sobre las reformas estructurales que Bruselas demanda para la concesión de los mismos, entre ellas los cambios que precisa el mercado laboral para su modernización y la transformación del sistema de pensiones para garantizar el poder adquisitivo de los pensionista y, sobre todo, lo que es más importante, su viabilidad futura. Así lo ha insinuado la vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño, tras reunirse con los interlocutores sociales para repasar someramente las reformas estructurales que necesita el país y el reparto de los fondos europeos. Aunque el Gabinete de Sánchez ha apostado claramente por el diálogo social y espera alcanzar un consenso en todas las materias, no dejará a su suerte, si no es posible el acuerdo, el futuro de la economía española.

El encuentro de este viernes ha estado presidido por la vicepresidenta tercera y al mismo han asistido delegaciones de UGT, de CCOO y de Cepyme, lideradas por sus secretarios generales y su presidente. Mientras, el máximo responsable de la CEOE, Antonio Garamendi, ha participado telemáticamente en la cumbre por encontrarse en Bilbao. Al término de la reunión, los líderes sindicales han lamentado que el Gobierno no les haya entregado los documentos sobre el reparto de fondos ni la documentación sobre las reformas en ciernes, además de la laboral y la de pensiones, la fiscal, entre otras cambios legislativos hasta sumar más de 170 reformas. No obstante, tampoco han hecho caballo de batalla de la falta de información. Muy al contrario, han destacado la voluntad de concertación social demostrada por este Ejecutivo en todo momento, como prueba esta mesa de diálogo social inaugurada por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en noviembre pasado y que, desde entonces, se ha reunido dos veces más presidida por la vicepresidenta económica.

Por el momento, lo que parece claro es la imposibilidad de que el equipo económico de Sánchez alcance un acuerdo con las organizaciones sindicales antes de abril, fecha límite para remitir las reformas estructurales a Bruselas. En principio, UGT y CCOO desean derogar las reglas del juego del mercado laboral impuesta por el anterior Gobierno del Partido Popular. Mientras, Calviño apuesta por meros retoques puntuales, sin introducir grandes cambios, a lo que también se opone Bruselas, por el alto coste que tendría en términos de empleo y de precariedad. Este análisis es compartido, como no podía ser de otra manera, por CEOE y Cepyme.

En la reforma de las pensiones ocurre algo parecido. La vicepresidenta ha pasado este viernes de puntillas al ser preguntada por si el Gobierno considera o no necesario, como ya ha defendido el ministro de Seguridad Social, contar con toda la vida laboral, es decir, 35 años trabajados, para el cálculo de la pensión. Calviño se ha limitado a asegurar que la apuesta del Ejecutivo pasa por una reforma del modelo público de pensiones orientada a mantener el poder adquisitivo de las mismas y, sobre todo, a garantizar la viabilidad futura del sistema.