La Audiencia Nacional decidirá si las restricciones y los cierres a la hostelería son ilegales

La tercera ola sigue su curso imparable con una incidencia acumulada cercana a los 800 casos y tanto el Gobierno como las comunidades autónomas han endurecido las restricciones para reducir al mínimo las relaciones sociales, con severas acotaciones horarias y de movilidad a la hostelería y el comercio. Estas restricciones, a tenor de lo que acontezca hoy en el Consejo Interterritorial del Sistema de Salud, irán a más con la previsible ampliación del toque de queda a las 20:00 horas en muchas regiones que ya lo han solicitado, siguiendo los pasos de Castilla y León.

Ante esta situación de “acoso y derribo injustificado“ contra la hostelería, la patronales del sector, a través de su matriz Hostelería de España, han unificado en la Audiencia Nacional una demanda contra la orden ministerial de Sanidad del 14 de agosto -en el que se autorizaron recortes horarios y cierres preventivos de bares, restaurantes y locales de ocio- para que se decrete la nulidad de sus resoluciones basándose, entre otros argumentos, en la “falta de justificación sanitaria” de las medidas acordadas.

Hostelería de España ha decidido dar un paso más en defensa de los hosteleros y ha presentado una demanda conjunta contra esta orden ministerial y contra el acuerdo del Consejo Interterritorial del pasado 14 de agosto, en el que se aprobaron la citada serie de medidas para frenar la expansión del coronavirus. Su intención es lograr la nulidad del conjunto de las resoluciones impugnadas por las distintas patronales territoriales -presentadas en todos los juzgados regionales- basándose, entre otras causas, en la “falta de justificación sanitaria” de las medidas acordadas. La patronal basa su defensa en los propios datos oficiales publicados por el Ministerio de Sanidad, que acreditan que la hostelería “no es el foco de la pandemia”, ya que su incidencia de contagio se sitúa en el 2,3%, en el escalón más bajo de esta tabla.

Según fuentes empresariales del sector, este procedimiento busca “cerrar el círculo” de todos los recursos que se han ido interponiendo en cada comunidad autónoma ante los tribunales de Justicia contra medidas adoptadas por los gobiernos regionales, quedando así cubiertas judicialmente todas las posibles vías de reclamación y forzar a la Audiencia Nacional a que decida si las restricciones horarias y los cierres de la actividad de la hostelería “son justificadas o pueden declararse nulas”, con lo cual podría ser declaradas ilegales y abrirse abanico de reclamaciones judiciales y económicas multimillonarias.

Hostelería de España ha vuelto a denunciar la “criminalización injustificada que sufre el sector”, al que se le han aplicado unas “medidas restrictivas que nos han llevado a una situación límite”, ha explicado el presidente de la patronal, José Luis Yzuel, que ha advertido que la cifra de cierres de negocios hosteleros se situará este trimestre en los 100.000 y con más de un millón de empleos “en juego” y otros 365.000 trabajadores en ERTE que podrían engrosar las listas del paro porque “las medidas que nos están aplicando están abocando a los locales al cierre. Nos han dejado solos y sin ayudas directas”.

Esta demanda, presentada el pasado 15 de diciembre por el bufete Écija, pretende demostrar que todas las medidas tomadas para restringir la actividad de la hostelería “no tienen un refrendo legal”. La abogada Maite Royo entiende que a la demanda presentada le avalan otras decisiones judiciales que ya les han dado la razón con anterioridad, como es el caso de los tribunales de Aragón, que concedieron medidas cautelares a las restricciones aprobadas. “Hemos presentado suficientes argumentos médicos, científicos y jurídicos como para demostrar que las medidas que se han acordado contra la hostelería no son proporcionales a las circunstancias de cada territorio”, ha manifestado Royo a LA RAZÓN. Este equipo jurídico ha expresado su confianza en que la Audiencia Nacional acepte los argumentos jurídicos esgrimidos y ha destacado la celeridad con la que este tribunal está actuando. “Su sentencia daría soporte legal para que los hosteleros pudieran reclamar tanto por la vía administrativo como por la vía judicial las indemnizaciones y pérdidas que hubieran sufrido por culpa de estas restricciones”, ha apuntado Cristina Llop, del mismo bufete. De este modo, una sentencia positiva abriría las puertas a decenas de miles de reclamaciones que sumarían una cifra multimillonaria que no sería asumible ni por el Gobierno central ni por los autonómicos.

Mientras tanto, casi todas las comunidades autónomas pedirán hoy al Gobierno modificar el estado de alarma para adelantar el toque de queda a las ocho de la tarde. Solo cinco de ellas no han fijado todavía su posición y Madrid ya ha comunicado que descarta esa posibilidad. El Consejo Interterritorial de Salud debe decidir hoy la petición de varias comunidades de modificar el estado de alarma para adelantar el toque de queda más allá de las 22.00 horas, como está fijado actualmente. En concreto, Cantabria, Castilla y León, Andalucía, Baleares, Canarias, Madrid, Galicia, País Vasco, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia, y la ciudad autónoma de Melilla, se han posicionado a favor de dar este paso, que permitiría a los gobiernos regionales adelantar el toque de queda para controlar el avance del virus.

El actual estado de alarma, que rige en el país hasta el mes de mayo, no contempla las herramientas necesarias para adelantar antes de las 22.00 horas la restricción a la movilidad nocturna, por lo que estas autonomías han exigido al Gobierno que contemple una modificación que permita a los gobiernos regionales aplicar un toque de queda desde antes. Quién ha aplicado ya este adelanto ha sido la Junta de Castilla y León, que desde el pasado sábado tiene el toque de queda a las 20.00 horas. Este decreto fue recurrido por el Gobierno central y el Tribunal Supremo ha decidido este martes dar diez días a la Junta para que responda al recurso, pero mientras tanto se mantiene este horario.

Pero las restricciones se van endureciendo cada vez más: la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha anunciaron ayer el cierre total de la hostelería, y Navarra ha optado por el cierre del servicio en el interior de estos establecimientos a partir del sábado 23 de enero. La hostelería está de nuevo contra las cuerdas y ya solo le quedan los tribunales para salvarse.