Andalucía se rebela contra los cambios de Planas en las ayudas europeas

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana un Decreto sobre la aplicación de la PAC en España durante el periodo transitorio, que abarca los años 2021 y 2022, hasta que entre en vigor la nueva normativa. Salvo cambios de última hora, se mantiene en el texto lo que se denomina la convergencia acelerada de las ayudas, lo que se traducirá en cambios en los importes que reciban cada uno de los beneficiarios, tanto al alza como a la baja, en función de los importes de los derechos que tengan hoy.

Dicho de otra manera, el proceso de convergencia supone aproximar el valor de los derechos de pago básico dentro de cada región productiva, de forma que se reduzca la diferencia entre los más bajos, que subirán, y los más altos, que sufrirán un recorte. El proceso de solicitud de las ayudas comienza el próximo día 1 y se supone que para esa fecha el Fondo Español de Garantía Agraria debería haber comunicado los nuevos importes a los beneficiarios.

El texto del Real Decreto, que ya se conoce, ha provocado la ira en Andalucía, la comunidad adoptiva del ministro de Agricultura. Tanto la Junta, como las organizaciones agrarias y las cooperativas, han rechazado la última versión. En una declaración conjunta que han remitido a Luis Planas muestran su oposición a lo que califican como «una aceleración brusca de la convergencia, que tendrá graves consecuencias sobre las rentas de una importante cantidad de agricultores y ganaderos andaluces». Exigen que se siga aplicando el vigente modelo de convergencia, con una aproximación de las ayudas más lenta, hasta que se llegue a un acuerdo regional.

Desde ASAJA Andalucía consideran que «el texto carece de legitimidad, no cuenta con el consenso de los agricultores, se salta los tiempos y no respeta las directrices planteadas por la Comisión Europea para este periodo de transición». Miguel López, secretario general de Andalucía, ha asegurado que «la convergencia de Luis Planas terminará por cargarse el modelo profesional de agricultura de nuestra región».

A la vista de la situación, pero también teniendo en cuenta la evolución del coronavirus, no se descarta la convocatoria de movilizaciones en las próximas semanas. Mientras tanto, desde otras regiones defienden que se acabe con las diferencias en los importes de las ayudas entre agricultores dedicados a la misma actividad. Desde Castilla-La Mancha, por ejemplo, abogan por la eliminación de los derechos históricos, lo mismo que Aragón. Asturias, País Vasco, Galicia y Cantabria han firmado un documento en el que apuestan por superar los derechos históricos y avanzar hacia un tratamiento equitativo de las explotaciones.