La bomba estalló el pasado martes: el Gobierno de Baleares, encabezado por la socialista Francina Armengol, decidió iniciar los trámites para expropiar 56 viviendas de grandes propietarios para dedicarlas al alquiler social durante al menos siete años, el plazo mínimo establecido para un contrato de alquiler. La onda expansiva de esta deflagración ha esparcido sin control la incertidumbre en el mercado inmobiliario y ha desvelado el caos regulatorio español. Y no parece que la nueva Ley de Vivienda que prepara el Gobierno vaya a solucionar los problemas, máxime cuando se ha enquistado su tramitación por las diferencias entre los dos socios de Gobierno.

La guerra interna que enfrenta a Podemos y al PSOE parece no tener fin. Cualquier materia a regular es objeto de confrontación. La limitación de los precios de los alquileres de los pisos y cómo se regulará se ha convertido, desde hace semanas, en un nuevo campo de batalla, en el que el último experimento, forzado por Podemos, y protagonizado el Gobierno de coalición de Baleares y su expropiación exprés ha vuelto a abrir las heridas.

Tras esta decisión del Gobierno regional balear, inevitablemente, las preguntas surgen de inmediato: ¿es justa y legal esta expropiación?; ¿el Gobierno de Sánchez seguirá la senda de Baleares?

La respuesta a la primera incógnita recae bajo la órbita de la Justicia, que sopla a favor del Ejecutivo autonómico. Las comunidades pueden legislar sobre vivienda por tratarse de una competencia exclusivamente autonómica. De hecho, la doctrina del Tribunal Constitucional avala la decisión de Baleares, recogida en su ley de vivienda regional. Por tanto, otras autonomías, bajo el paraguas del TC, podrán emular a Baleares.

En este supuesto, se encuentra País Vasco y Navarra, que pueden expropiar por un tiempo limitado, y la Comunidad Valenciana, que puede optar por adoptar esta medida tan solo en caso de desahucio hipotecario. Pero y ¿el Gobierno central? En realidad, el Estado no tiene competencia sobre esta materia, transferida, en su día, a las comunidades autónomas. Por tanto, en principio, no puede legislar.

Sin embargo, una parte del Gobierno, liderada por Podemos, apuesta por regular a favor de facilitar estas expropiaciones en la futura ley de vivienda, que prepara el departamento de José Luis Ábalos, según confirman a LA RAZÓN fuentes de la formación morada. Mientras, la otra pata del Ejecutivo, la socialista, cierra la puerta a esta posibilidad de un portazo.

Fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana revelan a este diario que Ábalos está totalmente en contra de adoptar una regulación en la nueva Ley de Vivienda que auspicie las expropiaciones como fórmula para abaratar el coste del alquiler. Es más, aseguran que no incluirán ninguna redacción en este sentido en la futura norma, cuya elaboración enfrenta a ambos socios.

Pero ¿si no modifican la ley para favorecer las expropiaciones, por qué no lo hacen para impedirlas? En este caso, las mismas fuentes argumentan que sencillamente «se trata de una competencia» exclusiva de las autonomías, en las que el Estado no puede legislar en ese sentido, ya que «sería objeto de recurso ante los tribunales».

Por tanto, si desde el Gobierno central no se va a hacer nada, ¿se puede poner freno a estas actuaciones auspiciadas desde los poderes regionales? De momento, bancos, sociedades inmobiliarias, propietarios de inmuebles y grandes tenedores están estudiando recurrir la decisión del Gobierno balear, aunque la transferencia de las competencias de vivienda a las comunidades dota a estas de legislación propia y, por tanto, avala la posibilidad de realizar expropiaciones en contextos concretos, como puede ser el caso de una crisis habitacional, razón aducida por Armengol.

Pero Baleares no es la única región que recoge la posibilidad de una expropiación forzosa. País Vasco y Navarra están habilitados legalmente para intervenir viviendas vacías de grandes tenedores si decidieran hacerlo, aunque los plazos son diferentes en cada una. En el caso vasco hay unos periodos de tramitación de dos años y seis meses para Navarra. En el caso balear el proceso a empieza y termina con la luz verde del Consell. La Comunidad Valenciana permite la expropiación de viviendas en ejecución hipotecaria cuando se hayan iniciado procedimientos de desahucio por parte de bancos, inmobiliarias o entidades de gestión de activos, pero solo lo puede hacer con un plazo máximo de tres años.

Otras regiones, como Cataluña o Canarias, contemplan la inhabilitación de viviendas vacías de grandes tenedores, con sanciones de hasta 900.000 euros, pero hasta ahora no han dado el paso. Extremadura, con su Ley 2/2017, contemplaba la «expropiación forzosa del usufructo temporal de determinadas viviendas en circunstancia de emergencia social», pero la reforma hecha en 2019 solo reconoce adoptar sanciones para los grandes tenedores de viviendas vacías. Otras regiones, como Aragón, presidida por el socialista Francisco Javier Lambán, valoran incluir esta fórmula.

En el caso de las comunidades gobernadas por el PP, «se descartan por completo» estas medidas. De hecho, todas estas leyes, menos la promulgada en Navarra, fueron recurridas en 2016 por el Gobierno de Rajoy, aunque en 2018 el Constitucional levantó la suspensión de los artículos referentes a la expropiación temporal de la ley catalana y de la ley vasca, pero mantuvo este embargo en las leyes valenciana y extremeña.

El modelo de expropiación de Baleares se ha realizado bajo el paraguas del concepto legal de la cesión de uso, un procedimiento expropiatorio que no resulta gratuito para la Administración pública. El coste de este primer paquete de 56 viviendas será de 1,8 millones de euros, que se abonará en un pago único. Esta cuantía es considerablemente inferior a los precios del índice de alquiler elaborado por el Mitma –que regula los precios del alquiler–, ya que la cantidad con la que se va a indemnizar equivale a 390 euros al mes, muy por debajo de los 624 euros de precio medio mensual que marca el índice del departamento de Ábalos.

Ante el peligro de que decisiones de este tipo se extiendan, la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) cargó con dureza contra lo que consideran «un ataque al derecho constitucional a la propiedad privada, contrario a la seguridad jurídica» que se necesita para desarrollar un mercado de alquiler homologable al de otros países europeos. En un comunicado, criticaron que este tipo de decisiones «vulneran la confianza de los inversores, disminuyen la oferta de vivienda en alquiler y erosionan la imagen de nuestro país como destino de inversión». Asval denuncia que el Gobierno balear oculta su mala gestión y su falta de inversión en vivienda pública «cargando sobre los hombros de los propietarios su responsabilidad de dotar vivienda a los colectivos vulnerables».

Por su parte, la Asociación Balear de Servicios Inmobiliarios (Absi) responsabiliza también al Gobierno balear, que «ha tomado una decisión que no soluciona el problema de la falta de vivienda». «Ni se ha promovido la vivienda de protección oficial ni incentivado a los constructores con bajadas de impuestos y subvenciones para la vivienda de alquiler», criticó en declaraciones a este diario Fernando Valentín, propietario de Living Palma Inmobiliaria y directivo de esta patronal. «Si se crea inseguridad jurídica y no se incentiva la inversión, al final lo que provocan las expropiaciones es un problema mayor y el sector sigue sin estar regularizado».

Pero desde Podemos se sigue haciendo oídos sordos a todas las voces en contra y se busca incluir en la nueva Ley de Vivienda que los grandes propietarios de inmuebles destinen el 30% de sus viviendas a alquiler social, una medida que supone, de facto, legalizar ese 30% de expropiación y penalizar el derecho a la propiedad privada, algo que Ábalos rechaza de plano, por ahora.