En un momento como el actual, en el que la pandemia ha dejado las arcas públicas como consecuencia del desplome de la recaudación tributaria como se diría coloquialmente «tiritando», el Gobierno anuncia una ofensiva de subidas de impuestos. La titular de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha mostrado su «especial interés» por modificar los de Sociedades, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, cedidos a las comunidades autónomas. Sin embargo, distintas instituciones ya han advertido de que quizá no sea el momento más adecuado para plantear subidas impositivas. La última en hacerlo ha sido el Instituto de Estudios Económicos (IEE), que esta misma semana presentó su informe «La competitividad fiscal de las comunidades autónomas», en el que revela que tener más impuestos no siempre es sinónimo de mayor recaudación.

El estudio establece una correlación entre la presión fiscal normativa (la carga de gravamen que el diseño fiscal introduce en la economía), la competitividad y la renta per cápita por habitante. Así, Madrid, según el análisis, es la comunidad española con una menor presión normativa (33 puntos porcentuales por debajo de la media española). Pese a ello, es la que más impuestos recauda por habitante, un 63% más que la media nacional. Pero, además, si se compara con la UE –junto a las tres provincias del País Vasco–, presenta mejores resultados que la media europea.

En el lado contrario, es Cataluña la que ofrece el entramado fiscal más complejo, no solo de España, sino también de todas las economías avanzadas. Pese a ello, Madrid la supera en 30 puntos porcentuales en términos de recaudación por habitante.

El Índice de Competitividad Regional, elaborado por la Comisión Europea, indica que España presenta un nivel inferior a la media de la UE-28, y las comunidades autónomas tampoco obtienen buenos resultados. De las 268 regiones europeas analizadas, la española mejor valorada es de nuevo Madrid, que se sitúa en el puesto 98, seguida por País Vasco, en el 125. Se trata de un parámetro muy revelador, ya que mide la capacidad que tiene un país o región de generar oportunidades de desarrollo económico a los ciudadanos. Este mayor nivel de competitividad se traduce, en el caso de Madrid, en un PIB per cápita que supera en un 35,9% la media española y una tasa de paro del 10,6%, frente al 14,1% del conjunto nacional (datos de 2019).

Y es que, tal y como indica el informe, a medida que una región es más competitiva, mejor es su capacidad para generar empleo, reduciéndose los niveles de economía sumergida, y mejorando, por ende, el nivel de riqueza general.

De este modo, también se pone de manifiesto que la fiscalidad influye en la existencia de economía sumergida. «Un sistema fiscal que genera una elevada carga de gravámenes va a impedir que la actividad emerja», señala el informe. El porcentaje que representan estas actividades económicas que se desarrollan al margen del control del Estado y, por tanto, no tributan, representa el 23% del PIB (muy por encima del promedio europeo situado en el 13%), siendo Extremadura la comunidad donde la economía sumergida tiene mayor peso (29,1%), y Madrid la que menos (16,2%). Si esta actividad en «B» aflorase, la presión fiscal recaudatoria en España se situaría en el 44,5% sobre el PIB (en línea con la media europea del 45%). Por este motivo, desde el IEE insisten en que la lucha contra el fraude tributario es uno de los elementos clave para aumentar la recaudación.

En términos de esfuerzo fiscal (presión fiscal dividida entre el PIB per cápita), nuestro país está muy por encima de la UE. Y es que éste tiene en cuenta, además de la recaudación y el PIB, la capacidad económica. Los territorios con un PIB per cápita más pequeño serán los que tengan que realizar un mayor esfuerzo fiscal que, en el caso de España, es un 6,6% superior al europeo.

Para llegar a un sistema fiscal lo más eficiente posible, el IEE aboga por que haya una corresponsabilidad entre Estado y comunidades a la hora de diseñar sus gastos e impuestos de acuerdo con las preferencias y necesidades de sus ciudadanos. «Son necesarios sistemas fiscales competitivos que generen mayor recaudación por habitante porque haya mayor actividad económica y menos economía sumergida», destaca Gregorio Izquierdo, director general del IEE. En este sentido, Izquierdo defiende un incremento de la recaudación que debería basarse en el aumento de las bases imponibles fomentando el crecimiento económico y la lucha contra el fraude en lugar de limitarse a subir tipos.