¿Qué pasa con los interinos que lleven menos de 10 años en su puesto?

El Gobierno ha acordado eximir de las oposiciones a los trabajadores que hayan ocupado su plaza de forma ininterrumpida en los últimos 10 años y que esta no haya salido a concurso en ese período. La plaza se les concederá por una valoración de méritos

Manifestación de interinos por el centro de Madrid, reivindicando las plazas fijas en sus puestos de trabajo
Manifestación de interinos por el centro de Madrid, reivindicando las plazas fijas en sus puestos de trabajoJesus G. FeriaLa Razón

El Gobierno ha acordado este miércoles, en el marco de la convalidación del decreto de interinos, eximir de las oposiciones a trabajadores que hayan ocupado plaza de forma ininterrumpida en los últimos 10 años y que no haya salido a concurso en ese período, dejando así la puerta abierta a que puedan consolidar su plaza por una valoración de méritos. No obstante, los que no cumplan este perfil deberán someterse a unas oposiciones no eliminatorias (otra de las novedades de la reforma) en las que se tendrán en cuenta la experiencia hasta en un 40%. En caso de no superarlas, recibirán una indemnización y pasarán a formar parte de bolsas de empleo específicas de interinos.

“A casa en la absoluta ruina”

Una de las cuestiones que planteó Vox, uno de los partidos más críticos con esta reforma, es qué harán los interinos que no pasen los procesos de selección y se queden en la calle con 50 años e hijos a cargo. Por el momento, el proyecto de ley establece que los afectados por la reforma, unos 800.000 trabajadores interinos y temporales, tendrán que someterse a unas oposiciones especiales para “ganarse” la plaza que llevaban cubriendo, en ocasiones, varios años. El propósito es que antes de 2025 se estabilicen 310.000 plazas ocupadas actualmente por interinos en toda España mediante convocatoria de empleo público. “Se trata de la mayor oferta de empleo público de la historia reciente”, defendió María Jesús Montero. Los 500.000 restantes que no logren un puesto serán compensados con 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades. Un indemnización que para el partido de Santiago Abascal no sirve de nada. “Están mandando a su casa en la más absoluta ruina a estas personas”, ha denunciado José María Figaredo Álvarez Sala en representación de Vox antes de la votación.

Más de 10 años en la plaza

El acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Hacienda y Esquerra Republicana (ERC), que recoge la exención de opositar y el carácter no eliminatorio de las oposiciones, ha permitido cambiar el voto de esta formación al decreto ley de estabilización de empleo público de negativo a favorable. ERC valoró positivamente la introducción de esta medida, pero su diputada Pilar Vallugera afeó al Gobierno que esta cuestión “ni tenía que tramitarse por la vía de urgencia ni sin los apoyos garantizados” y criticó, entre otras cuestiones, que la indemnización por despido establecida es “cicatera y mezquina y tiene que ver con una reforma laboral que ya no sabemos cómo pedir que se derogue”.

Pese a los reproches, el apoyo de ERC fue decisivo, ya que el Gobierno llegaba al debate del decreto sin apoyos suficientes para evitar su derogación, y finalmente ha logrado sacar adelante la reforma con solo un voto de diferencia. Es más, las mejoras comprometidas han servido para asegurar el respaldo de una de las integrantes del Ejecutivo, Unidas Podemos. Precisamente, una de las principales reivindicaciones del partido morado era establecer que las pruebas no sean eliminatorias para los interinos y que cualquier aspirante pueda usar su mejor nota de procesos anteriores.

“Hemos llegado a un acuerdo: es fundamental que el artículo del 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) fuera reconocido como norma aplicable en determinados casos”, ha señalado la diputada de ERC Pilar Valluguera durante su intervención ante el Pleno, un artículo que habilita la valoración de méritos para el acceso como una posibilidad excepcional. Esta novedad se introducirá durante la tramitación del decreto como proyecto de ley que, según la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, estará definitivamente deberá estar aprobado antes de que acabe octubre.

El acuerdo también contempla la eliminación del plazo fijado para publicar y convocar los nuevos procesos de estabilización antes del 31 de diciembre de 2021, llevándolo a cuatro meses desde la entrada en vigor de la ley. Asimismo, el pacto contempla que estas modificaciones se incluyan en la tramitación del decreto como proyecto de ley, y fija un plazo para completar la misma de unos 45 días, ya que se ha acordado que la aprobación se produzca “a mediados de octubre.